Honduras tiene una de las tasas de homicidios más elevada del mundo. Este clima de violencia se manifiesta con mayor intensidad dentro de las cárceles, controladas por sistemas de “autogobierno” de reclusos.

Paradójicamente, la administración penitenciaria lleva a cabo un proceso de militarización del sistema penitenciario desde hace algunos años. Altos mandos militares han sido nombrados directores de prisiones y miembros del ejército cumplen funciones de agentes penitenciarios. Sin embargo, esto no ha disminuido los niveles de violencia: se calcula que en los últimos cuatro años, 400 personas han muerto dentro de las cárceles hondureñas.

Otras de las acciones que el Gobierno puso en marcha para contrarrestar la crisis penitenciaria fue la construcción de “megacárceles”. El Porvenir (Tegucigalpa), inaugurada en febrero de 2015, tiene capacidad para 2000 reclusos; el Pozo (Santa Barbara) tiene capacidad para 2500. A enero de 2016, esta prisión albergaba a 168 internos — considerados cabecillas de bandas criminales — que vivían sometidos a un régimen de aislamiento absoluto.