La pena de muerte es vigente en el Líbano. Las últimas ejecuciones se llevaron a cabo en enero de 2004.

En febrero de 2015, el número de reclusos condenados a muerte se estimó en 66 ¹. Amnistía Internacional manifestó su preocupación por el aumento de estas condenas a muerte durante el año 2015. En su informe sobre las condenas a muerte y las ejecuciones 2015, la organización contabilizó 28 condenas a muerte en este país, impuestas principalmente por terrorismo.

Se castigan con esta pena los crímenes voluntarios o premeditados, como el homicidio, el robo, la traición, el espionaje y las infracciones de orden militar. Las ejecuciones se hacen por ahorcamiento o fusilamiento ².

La práctica de la tortura sigue existiendo pese a la ratificación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el año 2000. En noviembre de 2015, durante el Examen Periódico Universal del Líbano, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se puso de relieve que la legislación libanesa no se ajusta al derecho internacional en materia de enjuiciamiento de actos de tortura. El Gobierno libanés respondió haber iniciado un proceso de reforma del Código Penal, que aún no se ha terminado.

Desde mayo de 2012 hasta noviembre de 2013, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura realizó una investigación en el Líbano.

En un informe de 2014 declaró que las fuerzas armadas y los órganos encargados de hacer cumplir la ley recurren habitualmente a la tortura durante las investigaciones (y) con el fin de obtener confesiones.

Las principales víctimas de estas prácticas son la población LGBTI, las personas condenadas por terrorismo, espionaje, prostitución o toxicomanía, y los extranjeros palestinos o sirios. Por lo general, los actos de tortura ocurren durante los arrestos y los interrogatorios.

Según un informe de Human Rights Watch (disponible en inglés), las confesiones obtenidas a la fuerza durante los interrogatorios constituyen el principal e incluso el único elemento de prueba para sustentar los cargos imputados. No se investigan las denuncias de tortura.

Un vídeo difundido el 20 de junio de 2015 en las redes sociales muestra a unos guardias de la prisión de Roumieh torturando a una docena de reclusos, declaran Amnistía Internacional y Human Rights Watch en sus respectivos informes de 2016. El Gobierno ha confirmado la autenticidad del vídeo.

En junio de 2013, Human Rights Watch elaboró un informe (en inglés) sobre los malos tratos y torturas a las que son sometidas las personas de grupos vulnerables (LGBTI, prostitutas y toxicómanos), en el que denuncia las prácticas de las Fuerzas de Seguridad Interna libanesas (FSI). El informe se basa en más de 50 entrevistas realizadas a lo largo de cinco años. Las violencias más comunes son los puños, patadas o golpes con objetos como palos, bastones y reglas. Diecisiete antiguos reclusos afirmaron que los guardias los privaban de comida, agua o medicamentos y les confiscaban sus tratamientos médicos; nueve declararon haber sido esposados y forzados a permanecer en posiciones supremamente incómodas durante largos periodos; once señalaron que las autoridades los forzaban a escuchar los gritos de otros reclusos para incitarlos a cooperar y confesar. Un antiguo recluso, acusado de homosexualidad, denunció haber sido abusado sexualmente.

Numerosas organizaciones denuncian el recurso sistemático y abusivo a la prisión preventiva ¹.

Los arrestos arbitrarios son frecuentes, así como los procesos y la prisión preventiva de duración excesiva.
La ley establece que el periodo máximo de prisión preventiva es de cuatro meses para los delitos menores y de un año para los delitos mayores. Sin embargo, los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes, violación a la seguridad del Estado, o actos relacionados con el terrorismo no están sujetos a ningún periodo legal (art. 108 del Código Penal). En la práctica, la prisión preventiva dura en promedio un año. Para los que enfrentan cargos de homicidio, esta puede ser de hasta tres años y medio, según el Centro Libanés de Derechos Humanos (CLDH).

La Asociación Libanesa para la Educación y la Formación (ALEF) afirmó en 2013 que ciertas personas son acusadas de infracciones adicionales durante su reclusión. En su informe , la asociación relata el caso de un antiguo recluso que fue inculpado de un nuevo delito dos años después de su encarcelamiento. La mayoría de personas son encerradas por varios meses sin ningún proceso o cargos en su contra. Algunos serían incluso “olvidados” y mantenidos en prisión por un periodo superior al de su pena, con el fin de ocultar algunas marcas visibles de tortura. La ALEF agrega que solo cerca del 20% de los reclusos de Roumieh y de Trípoli han sido condenados; una inmensa mayoría, el 80%, se encuentran en prisión preventiva o retenidos por un periodo superior al de su condena.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas se pronunció en noviembre de 2014 sobre el caso de 72 reclusos, arrestados entre mayo y septiembre de 2007, durante los enfrentamientos ocurridos en el campo de refugiados palestinos Nahr al-Bared. Su detención se mantuvo secreta por varios días, incluso semanas, durante las que fueron sometidos a torturas y obligados a hacer confesiones que los vinculaban directamente con el grupo armado radical Fatah al-Islam. Los primeros cargos se presentaron en julio de 2012. Solamente doce personas habían sido juzgadas y condenadas el día de la decisión del Grupo de Trabajo, que reclamó la liberación inmediata de estas 72 personas detenidas arbitrariamente.