Incluir en el código de procedimiento penal un plazo establecido para la redacción de los informes de las audiencias de apelación.

Asegurarse de que los reclusos con problemas mentales sean trasladados a estructuras especializadas, capaces de proporcionar la atención adecuada.

Organizar regularmente formaciones para los miembros del personal penitenciario.

Prever penas alternativas a la privación de libertad para las personas que hayan cometido delitos menores.

Encomendar las funciones de fiscal de la República y de juez de instrucción a magistrados experimentados que tengan un mínimo de 15 años de carrera.