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Tailandia: deben retirarse los cargos injustificados y poner en libertad a personas que se manifestaron pacíficamente

A medida que crecen las protestas pacíficas en Tailandia, las autoridades continúan utilizando leyes vagas y excesivamente restrictivas para hostigar y silenciar a la población, ha declarado hoy Amnistía Internacional. La organización ha pedido a las autoridades que retiren de inmediato todos los cargos contra las personas que se manifestaron pacíficamente y pongan en libertad a las que siguen detenidas.

Las protestas, mayoritariamente pacíficas, coinciden en tres demandas: que se disuelva el Parlamento y se convoquen elecciones; que se apliquen reformas políticas a la monarquía y se revise la Constitución redactada por el ejército; y que cese el hostigamiento de quienes critican pacíficamente al gobierno.

“Estos líderes y lideresas de las protestas están encarcelados únicamente por expresar de forma pacífica su opinión sobre las reformas políticas y los derechos humanos. Su detención es infundada y deben quedar en libertad de inmediato y sin condiciones”, ha declarado Rajat Khosla, director general de Investigación, Trabajo de Incidencia y Política.

Se calcula que desde el 13 de octubre se han presentado cargos contra 84 personas, en la mayoría de los casos (65) por incumplir el impreciso estado de excepción “grave”, que se levantó el 22 de octubre.

Varias han sido acusadas de “sedición” en aplicación del artículo 116 del Código Penal, un instrumento legal de imprecisa redacción que las autoridades utilizan a menudo para reprimir la disidencia, y pueden ser condenadas a hasta siete años de cárcel. Otras han sido acusadas por sus actividades en las redes sociales en aplicación de la Ley de Delitos Informáticos, que también contiene muchas disposiciones imprecisas que se aplican con frecuencia para limitar la libertad de expresión, como documentó Amnistía Internacional en un informe este año.

Tres personas —Boonkueanoon “Francis” Paothong, estudiante universitario, Ekachai Hongkangwan, activista, y Suranat Paenprasert, activista de protección de menores— han sido acusadas, en aplicación del artículo 110 del Código Penal, de “tratar de causar perjuicios a la libertad de su Majestad la Reina”, delito que puede ser castigado con cadena perpetua.

Los tres estaban en un grupo pacífico de protesta situado en el trayecto de la comitiva real el 14 de octubre. Las autoridades no han facilitado una explicación creíble del motivo por el cual se han presentado cargos precisamente contra ellos tres entre las muchas personas congregadas, ni del peligro que supusieron sus presuntas actividades. “Francis” Paothong ha quedado en libertad bajo fianza, mientras que los otros dos siguen detenidos.

Se calcula que 54 personas han sido acusadas de diversos delitos, y en algunos casos pueden ser condenadas a largas penas de cárcel. Un ejemplo especialmente indignante es el del estudiante de Ciencias Políticas Parit “Penguin” Chiwarak, contra el que se han presentado al menos 18 cargos por su presunto papel en las recientes protestas públicas, incluida su petición de que se investigara el supuesto secuestro de Wanchalearm Satsaksit, bloguero tailandés en el exilio en Camboya que desapareció en ese país en junio.

“Las autoridades tailandesas deben basarse en su reciente compromiso de moderar la tensión de la situación y acabar con el historial de uso indebido de las leyes de excepción, los arrestos masivos y el hostigamiento jurídico”, ha dicho Rajat Khosla.

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