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Ecuador: ¿Qué cambió el Estado de Excepción?

Solo unos días después de que se decretara el Estado de Excepción en las cárceles, dos presos eran asesinados en la Penitenciaría del Litoral y, el anterior director del Servicio de Atención a Adultos Privados de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), Ernesto Pazmiño, aseguraba que se necesitaban 25 millones de dólares para contener la crisis. De esa cantidad, 4,5 millones eran para modernizar el control tecnológico.

Tres meses después, a vísperas de que se acabe la extensión del decreto, el representante de SNAI, Edmundo Moncayo, declaró que se habrían utilizado 20 millones de dólares en “alimentación, equipos y fortalecimiento institucional”. Sin más detalles, aceptó que el déficit de guías penitenciarios continúa y que el proceso de nuevas contrataciones está solo en la etapa de convocatoria.

La falta de detalles y de la presentación de una hoja de ruta, desde el inicio, fue lo que cuestionó principalmente el experto en seguridad Ricardo Camacho, quien consideró que ninguna medida se ha hecho de forma técnica.

Él explicó que con la cifra que ha mencionado Moncayo podrían haberse realizado acciones urgentes como la construcción de nuevos pabellones en cárceles que ya cuentan con terrenos, como la de Machala y la Penitenciaría del Litoral: “Con un proceso de construcción rápida implementado por Argentina” esos espacios habrían estado listos con una inversión de 5 o 6 millones de dólares.

Sin acceso

Aproximadamente hace tres semanas, en la Penitenciaría de Litoral, un joven enfermo con tuberculosis habría muerto en condiciones lamentables. Sin embargo, ni su fallecimiento ni el de otros reos enfermos se han reportado. Situaciones como estas, las ha seguido Billy Navarrete, desde el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). De acuerdo con su análisis, el control de las prisiones se ha logrado en parte con el apoyo de las Fuerzas Armadas, considerando que las últimas semanas ya no ha habido asesinatos.

14 muertes violentas, de las 22 de este año en cárceles, se dieron en el Estado de Excepción.

Pese a las medidas de seguridad, Navarrete opinó que lo más grave es que no se cumplió con el ofrecimiento de abordar el problema de forma integral.

En otras problemáticas, Camacho señaló que para impedir el ingreso de armas y drogas debió haberse implementado escáneres vehiculares en los centros y que esto hubiera costado 3 millones de dólares y las cámaras de videovigilancia que tendrían un costo de 2 millones.

Recalcó que la implementación de la carrera penitenciaria no se dio de la forma correcta, pues primero era necesario establecer una doctrina propia para el Cuerpo de Agentes y que si se pedía cooperación internacional de Colombia y Chile, el programa no hubiera costado más de 2 millones de dólares.

Futuro incierto

Ayer por la mañana, en una entrevista televisiva, la ministra de María Paula Romo habló sobre el tema carcelario y aseguró que se analizaría la posibilidad de continuar con el Estado de Excepción. Se conoció que las autoridades se reunieron, pero hasta el cierre de esta edición no se emitió ninguna resolución.

Según Romo, mediante un Acuerdo Ministerial se habría regulado la actuación de francotiradores en los pabellones de difícil adaptación, lo cual Camacho describió como “descabellado” y mencionó que acudirá a varias instancias para que revisen las acciones tomadas.

Con el fin de la medida, tanto militares como policías deberían salir de los centros y los perímetros en los que se encuentran, sino se estarían violando la Ley. Para aceptar la Excepción, la Corte Constitucional revisó la medida y la aprobó, pero la Defensoría del Pueblo debía presentar informes. El defensor Freddy Carrión comentó que en todos los documentos se puntualizó que todo está en proceso y nada se concretó.

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Fuente — La Hora

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