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México: una historia de tortura e impunidad por ministeriales en Chiapas

Tortura en Chiapas, una práctica sistemática

En la actualidad, los abogados y defensores del “Frayba” dan acompañamiento, en la actualidad, a al menos 50 casos de tortura, la mayoría contra personas de pueblos originarios que, por cuestiones como su idioma no se pueden defender, y son encarcelados “sin deberla ni temerla”.

Si el caso de Sergio no prospera es porque las mismas autoridades han puesto una serie de obstáculos: primero, niegan direcciones de los ministeriales inculpados, o la Policía Especializada en el estado rechaza recibir las notificaciones (cuando sí lo puede hacer), o porque el juez, como sucedió el pasado 16 enero, alegue que se tenía que cancelar la audiencia porque tenía una reunión con el Tribunal Superior de Justicia.

Para él, la tortura es aún una práctica sistemática no sólo en Chiapas, sino en todo el país, a pesar de que en el 2017 se aprobó una Ley en la materia, con la intención de erradicarla.

Con base en datos de la Sesión del Comité contra la Tortura en Ginebra, el Estado mexicano había iniciado, apenas el año pasado, más de 9 mil carpetas de investigación por casos de tortura en todo el país, de las cuales ninguna recibía sentencia. “Es lamentable, es preocupante este nivel de impunidad”, ataja.

El abuso es descarado. Según el litigante, las personas son detenidas o desaparecidas por la misma policía chiapaneca quienes no presentan una orden judicial, e inclusive sin que los presuntos culpables estén sujetos a una investigación.

Saca a relucir un diagnóstico: la creación de la Fiscalía contra la Tortura de Chiapas se origina en el año 2018, pero hasta la fecha solo un caso se ha vinculado a proceso, de las decenas de hechos que ocurren. “Todos se queda atorado, hay un alto nivel de impunidad al respecto”, evidencia.

En busca de la justicia

En el 2004, las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos (CEDH y CNDH) señalaron a Llaven Abarca como un perpetrador de tortura, cuando fungió como ministerio público, por lo cual se exigió que se le iniciara un procedimiento administrativo, que se le destituyera del cargo y que se realizaran las investigaciones penales correspondientes. La solicitud no prosperó.

Lo único que Sergio exige es que su caso no quede en la impunidad, pero sobre todo, que sirva de ejemplo para que la gente “no se calle” en una situación de esta índole.

“Que alcen la voz, porque hay muchísimas personas que también sufrieron lo que yo viví”, asevera el agraviado, quien recuerda que la siguiente audiencia será hasta el 10 de marzo venidero.

Aunque el daño está marcado, su anhelo es que los responsables de esta injusticia sean encarcelados, y que además le devuelvan lo que, “con el sudor de su frente”, logró a lo largo de su vida. “Mis hijitos ven una patrulla y se asustan mucho; quedaron mal, y eso no se vale”, externa.

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