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FuentesPrison Insider

Introducción

Las condiciones de vida en las cárceles tunecinas son difíciles: establecimientos deteriorados, falta de higiene, difícil acceso a la atención sanitaria, alimentación pobre, actividades y locutorios insuficientes, violencia, torturas, etc. Los reclusos están encerrados en grandes dormitorios colectivos superpoblados de manera sistemática. No todas las personas reclusas disponen de una cama, algunas duermen en el suelo.

Los largos plazos de la justicia, las penas de larga duración y el elevado número de presos preventivos son las causas de este hacinamiento. Es habitual que se recurra a la detención preventiva. Las cárceles tunecinas albergan tantos presos preventivos como condenados.

La justicia tunecina ha encarcelado a personas por delitos menores como el consumo de estupefacientes (siguiendo la llamada "Ley 52") o incluso los cheques impagos.

El movimiento revolucionario de 2011 y la transición política resultante de este traen varios cambios a la legislación. En 2011, Túnez ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de la ONU (OPCAT, por sus siglas en inglés) y, en 2013, puso en marcha el Organismo Nacional para la Prevención de la Tortura (INPT, por sus siglas en francés). El país adoptó una nueva Constitución en 2014, en la que se prohíbe formalmente la tortura. Una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2016 ofrece más protección a las personas bajo custodia policial: reduce la duración de la custodia y garantiza que se informe del derecho a tener un abogado. A partir de ese momento, algunas organizaciones no gubernamentales pueden acceder a las cárceles.

Estos cambios solo han tenido lugar en la teoría. El INPT se enfrenta a numerosas coacciones para funcionar realmente. Queda por determinar si el acceso a un abogado durante la custodia policial se aplica correctamente en todo el territorio del país. La tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes constituyen una práctica aún utilizada por las fuerzas del orden. El contexto del terrorismo, desde 2013, y de la política de seguridad instaurada a partir de 2014 generan nuevos desvíos. La tortura y los malos tratos, inhumanos o degradantes son frecuentemente utilizados en el marco de la lucha antiterrorista. La pena de muerte está establecida como sanción en caso de acto terrorista, aunque no se ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 1991.