Algunas personas privadas de libertad tienen dificultades para acceder al agua potable. Las personas expertas consultadas señalan que el agua que suministra la administración penitenciaria proviene de fuentes sucias.

Se estima que, en 2019, el presupuesto de la Dirección de Correccionales (the Bureau of Corrections, BuCor) para la alimentación diaria de cada persona privada de libertad era de unos 70 pesos (1,23€)¹. Los importes destinados a la compra de alimentos pueden, sin embargo, variar de un establecimiento a otro. Las personas especialistas consultadas informaron que, en algunas prisiones, en las que se observan actos de corrupción, se desviaba parte del dinero destinado a la alimentación.

En los establecimientos que se encuentran bajo la responsabilidad de la Oficina de Gestión de Cárceles y Penología (*Bureau of Jail Management and Penology, BJMP), sus respectivas direcciones se encargan de los servicios alimentarios. En aquellos gestionados por la BuCor², estos servicios se confían a empresas privadas. Las personas expertas consultadas señalaron que, en ambos casos, la comida es insuficiente y de mala calidad. Los casos de malnutrición en las prisiones del país son moneda corriente. En la nueva prisión de Bilibid (Manila), muchas personas dependen de los alimentos que les proporcionan las ONG o sus seres queridos.

De manera general, los establecimientos penitenciarios de todo el país observan altos índices de hacinamiento. Entre 2016 y 2019, la población carcelaria aumentó en más del 67 %. Este considerable incremento se atribuye, principalmente, a la guerra contra las drogas que emprendió el entonces presidente Rodrigo Duterte. En 2019, la población de una cárcel de la ciudad de Manila equivalía a 36 veces su capacidad total. Para mayo de 2024, 312 mujeres vivían apiñadas en la unidad femenina de la cárcel de Dasmariñas (Cavite), en espacios diseñados, en un principio, para alojar a 11 personas.

La población carcelaria no dispone de un espacio personal suficiente. Las personas expertas consultadas indicaron que, en algunas prisiones, es necesario turnarse para dormir.

De manera general, la administración penitenciaria no suministra camas. Muchas personas tienen que dormir en el suelo, sin almohada ni cobijas.

Algunas personas pueden obtener beneficios, como el acceso a espacios individuales dentro de las celdas compartidas, llamadas kubol, en las que se puede instalar una cama y otros muebles. En muchos casos, las personas pagan al personal o a sus compañero-as de celda para disfrutar de condiciones de vida más cómodas. Quienes se benefician de este sistema se conocen como “Very Important Presos”.

Los sanitarios y las duchas se sitúan, por lo general, dentro de las celdas. Sin embargo, a causa del hacinamiento que se observa en los establecimientos, muchas personas deben compartir estas instalaciones, por lo que la privacidad está lejos de poder garantizarse.

Las personas expertas consultadas afirmaron que las direcciones de los establecimientos no suministran productos de higiene personal. Las personas privadas de libertad tienen que adquirirlos por su propia cuenta o esperar a que se los proporcionen las ONG o sus visitantes. En 2022, la Comisión de Derechos Humanos señaló que “solo en algunos establecimientos penitenciarios se entregaban kits de higiene gratuitos, y, en la mayoría de los casos, los suministros eran irregulares y dependían de las donaciones”.

Al momento del ingreso en prisión, se entrega a las personas un uniforme, que consiste en una camiseta con un código de color, en función de su pena y su clasificación de seguridad. No se provee ninguna otra prenda. Las personas privadas de libertad se encargan de lavar su propia ropa.

Las personas especialistas consultadas señalan que, debido al hacinamiento, y a la falta de recursos y de personal, las campañas de información son muy escasas. Las pésimas condiciones de vida en las prisiones aumentan de manera significativa los riesgos para la salud, y la probabilidad de contraer infecciones de las vías respiratorias superiores, como la gripe, la tuberculosis y el cólera. No todas las prisiones llevan a cabo pruebas de detección de rutina. Una de las personas expertas consultadas indicó que en el anexo 4 de la cárcel del distrito de Metro Manila, ubicada en el Campo Bagong Diwa, en la ciudad de Bicutan, se realizaban rayos X para detectar la tuberculosis.

Las personas que se alojan en los establecimientos de la Oficina de Gestión de Cárceles y Penología deben someterse a un reconocimiento médico, en un corto plazo posterior a su ingreso (Parte 1 del Manual de Funcionamiento de 2015 de la BJMP). Según las personas expertas consultadas, este procedimiento no se sigue de manera sistemática.

Las personas privadas de libertad tienen grandes dificultades para acceder a la atención sanitaria tanto de rutina como de emergencia. En mayo de 2024, el periódico the Rappler informó que la BJMP emplea un total de 19 médicos, 60 paramédicos y 36 farmaceutas para atender a 127 031 personas privadas de libertad. Las cifras relativas a los establecimientos gestionados por la Dirección de Correccionales (BuCor) no se encuentran disponibles. En su estudio sobre las condiciones de reclusión de las mujeres, la Comisión de Derechos Humanos observó que la mitad de los establecimientos visitados contaban con profesionales en medicina, y la otra mitad, con personal de enfermería.

La administración penitenciaria es la empleadora del personal sanitario. Las personas expertas consultadas indicaron que muchos de los cuidados médicos los dispensan las mismas personas privadas de libertad. En 2016, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura señaló que el personal sanitario no podía reportar, de manera segura, los casos de tortura o de malos tratos.

La calidad de la infraestructura sanitaria varía de una prisión a otra. En 2020, el presupuesto para las medicinas en las prisiones gestionadas por la BuCor era de tres pesos diarios (0,05€) por persona ¹.

En mayo de 2024, el periódico the Rappler informó que la BJMP empleaba en total ocho profesionales en psicología y 35 dentistas. Las cifras relativas a los establecimientos gestionados por la Dirección de Correccionales no se encuentran disponibles. Las personas expertas consultadas indican que muy pocas personas privadas de libertad tienen acceso a la salud mental y dental.

Las personas especialistas consultadas indicaron que, en general, no se brinda una atención adecuada a las personas con necesidades médicas específicas, a pesar de las disposiciones legales existentes. En 2018, la BJMP estableció una normativa relativa al tratamiento de las personas de la comunidad LGBTQI+, que estipula que, ”al momento de su ingreso en prisión, un miembro del personal con formación en sensibilidad de género y orientación sexual, identidad y expresión de género debe brindarle asistencia.“

En 2022, la Comisión de Derechos Humanos observó que no todas las prisiones ofrecen atención sanitaria a las mujeres gestantes. En la cárcel de Quezon City, por ejemplo, no se garantizan los chequeos mensuales, a pesar de que existe un memorando de entendimiento con el hospital público más cercano. En 2016, ninguno de los establecimientos de la zona metropolitana de Manila, gestionados por la BJMP, ofrecía atención prenatal a las mujeres en embarazo.

Una gran cantidad de personas privadas de libertad sufren de trastornos mentales o patologías psiquiátricas. No obstante, los establecimientos penitenciarios cuentan con una cantidad reducida de terapeutas, y profesionales en psicología y psiquiatría. Un estudio publicado en 2022 en el International Journal of Innovative Science and Research Technology puso de manifiesto la dificultad de acceso a los servicios de salud mental en la cárcel de la ciudad de Santiago. Las personas deben enviar una solicitud al tribunal para poder recibir atención en las instituciones sanitarias externas de las que depende el establecimiento, lo que supone un verdadero obstáculo.

No existe una base de datos o algún sistema de archivado que permita hacer el seguimiento de los historiales médicos de las personas privadas de libertad.

En 2022, el 65,2 % de la población carcelaria estaba en espera de juicio. La Comisión de Derechos Humanos señaló que las mujeres privadas de libertad, sobre todo las de bajos recursos económicos, solían desconocer sus derechos legales y estar en la incapacidad de acceder a los servicios de asistencia jurídica. El Ministerio Público (The Public Attorney’s Office, PAO) se encarga de proporcionar asistencia jurídica gratuita a las personas que no pueden costear su defensa. En 2017, había solo 1668 defensores públicos, que se encargaban de unos 504 casos cada uno. Se ha denunciado que, en repetidas ocasiones, se ha impedido a lo-as abogado-as reunirse con sus clientes.

Para cada persona privada de libertad se debe abrir un expediente, conocido como la carpeta, en el que figura la información relativa a su pena y los detalles sobre las reducciones de pena por buen comportamiento (Good Conduct Time Allowance, GCTA) (Capítulo 3 del Manual de Funcionamiento de la BuCor). Las personas expertas consultadas aseguran que, en la práctica, los expedientes se completan de manera aleatoria e inconsistente, en función de los establecimientos, e incluso del personal, lo que repercute en las medidas de reducción de pena. Con frecuencia, las personas encarceladas en la nueva prisión de Bilibid (Manila) confían en que el personal tendrá buena memoria para apoyar su petición.

Las personas especialistas entrevistadas afirman que no se distribuye una copia del reglamento interno de los establecimientos. A menudo, la información se transmite de forma oral, sobre todo en los Centros de Recepción y Diagnóstico de las prisiones administradas por la BuCor.

Tanto la Oficina de Gestión de Cárceles y Penología (BJMP) como la Dirección de Correccionales (BuCor) disponen de manuales en los que se detalla el sistema disciplinario aplicable en los recintos.

De manera general, la población preventiva se separa de la penada. La BJMP se encarga de gestionar los establecimientos en los que se aloja a personas en espera de juicio o condenadas a una pena de prisión inferior a tres años. La BuCor, por su parte, es responsable de las granjas penitenciarias y de los establecimientos reservados para el cumplimiento de penas superiores a tres años. En las prisiones de la BuCor, las personas privadas de libertad se separan en función de su nivel de seguridad, ─máximo, medio y mínimo─ asignado al momento de su ingreso. En 2022, la Comisión de Derechos Humanos observó que, en varios establecimientos, las mujeres de la comunidad LGTBIQ+ se alojaban con las reclusas de edad avanzada o con las mujeres con discapacidades.

Tanto en los establecimientos penitenciarios de la BuCor como en los de la BJMP se observa una escasez de personal que afecta su funcionamiento y pone en riesgo la seguridad de las personas privadas de libertad.

Las personas especialistas consultadas señalan que, en realidad, existe un sistema disciplinario oficial y otro informal. La disciplina y la mayoría de las reglas que se imponen en las celdas forman parte del sistema informal que aplican las mismas personas privadas de libertad, sobre todo aquellas que pertenecen a las bandas, y cuentan con el apoyo tácito de la dirección del establecimiento. En cada una de las celdas compartidas, se designa un líder de celda (chief of the cell) y un “bastonero” (disciplinary chief). Las infracciones a las reglas pueden sancionarse con castigo físico.

Las personas expertas entrevistadas han denunciado el uso generalizado de los tratos abusivos, crueles, inhumanos o degradantes, como las pésimas condiciones de reclusión, la privación de la atención médica, la violencia física y los malos tratos durante las visitas ─tanto a las personas reclusas como a sus seres queridos─. En 2016, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura informó que el personal sanitario no podía registrar de manera segura los casos de tortura y de malos tratos.

Filipinas ratificó el Protocolo Facultativo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (OPCAT) en 2012. Pese a ello, el país sigue sin establecer un Mecanismo Nacional de Prevención.

Desde 2018, la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, una institución independiente encargada de velar por el respeto de los derechos fundamentales por parte de las autoridades, ha asumido la función de MNP interino, con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil. En abril de 2016, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura ya había puesto de relieve, sin embargo, los límites de esta institución, que no dispone de los medios suficientes para monitorear de manera efectiva la gran cantidad de prisiones con las que cuenta el país. En 2019, la Comisión Asiática de Derechos Humanos señaló que los mecanismos de control independientes, como la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, el Ministerio Público y los tribunales con jurisdicción sobre algunos establecimientos específicos, tenían facultad para realizar visitas inopinadas, pero que estas casi nunca se llevan a cabo.

No existe un proceso estandardizado para que las personas privadas de libertad presenten sus denuncias. En 2019, la Comisión Asiática de Derechos Humanos subrayó que, en muchos casos, las personas se abstienen de denunciar los problemas existentes ante las autoridades penitenciarias por temor a represalias de parte del personal.

Las personas privadas de libertad tienen derecho a enviar y recibir cartas. Sin embargo, estas son objeto de un control sistemático por parte de las direcciones de los establecimientos. Las personas especialistas entrevistadas afirmaron que, a algunos grupos de personas sujetas a un control más riguroso por parte de la administración penitenciaria, como aquellas encarceladas por motivos políticos, se les suspende su derecho a la correspondencia. La administración penitenciaria no provee a las personas privadas de libertad del material necesario para escribir y enviar las cartas. Las personas tienen que comprar su propio material o depender de lo que le suministren algunas fuentes externas.

Las Directrices de 2021 para la Comunicación de las Personas Privadas de Libertad (The 2021 Guidelines for Communication of Persons Deprived of Liberty) de la Oficina de Gestión de Cárceles y Penología (BJMP) define el uso del teléfono para la comunicación con los seres queridos como un privilegio más que como un derecho. A las personas recluidas en los establecimientos administrados por la BuCor “que muestren un buen comportamiento, se les permite llamar a uno de sus contactos autorizados cada 90 días” (Sección 9 del Manual de Funcionamiento de la Dirección de Correccionales). En la práctica, el sistema penitenciario dispone de muy pocos teléfonos públicos para el uso de las personas privadas de libertad.

La posibilidad de recibir visitas varía de una prisión a otra en todo el país. En 2018, un estudio realizado por la Fundación NoBox reveló que, en los establecimientos gestionados por la BJMP en los que se alojan mujeres, las visitas solo se autorizaban los viernes y los sábados de 1:30 p.m. a 4 p.m. para parientes adultos únicamente. Los niños y las niñas solo pueden ingresar en los establecimientos durante los ”días de familia”, que tienen lugar el primer viernes de cada mes. El segundo viernes de cada mes, las visitas se reservan para las amistades (“Friends Day”), y no se acepta el ingreso de parientes. El estudio subrayó que las direcciones de los establecimientos pueden suspender las visitas por razones de seguridad. En los establecimientos gestionados por la BuCor, las visitas de los miembros de la familia se autorizan de jueves a domingo, entre las 9 a.m. y las 4 p.m. Las visitas de amigo-as se autorizan los sábados y los domingos.

Algunas personas privadas de libertad son víctimas de diferentes formas discriminación. En 2022, la Comisión de Derechos Humanos observó que a lo-as compañero-as sentimentales de las personas de la comunidad LGBTQI+ solo se les permite ingresar durante los días reservados para las visitas de amistades y no de familiares. Así pues, en los establecimientos en los que solo se autoriza la entrada de familiares, estas personas no tienen derecho a ninguna visita. La categoría de las personas privadas de libertad también puede influir en sus derechos de visita. Por ejemplo, las personas encarceladas por motivos políticos son objeto de mayores restricciones. En los establecimientos gestionados por la BuCor, es habitual que se realicen registros sin ropa a las personas que ingresan en prisión para visitar a sus seres queridos privados de libertad. En 2024, la Comisión de Derechos Humanos expresó ”su profunda preocupación por los casos de registros al desnudo a los que se ha sometido a las esposas de presos políticos y otro-as visitantes en la nueva prisión de Bilibid”.

Muchas prisiones se sitúan lejos de las ciudades, lo que supone un freno adicional para las visitas, pues a menudo las familias carecen de los recursos necesarios para efectuar los viajes.

Si bien, en teoría, es posible obtener permisos temporales de salida, en la práctica, estos casi nunca se conceden.

Por lo general, las madres privadas de libertad no pueden permanecer con sus hijo-as en prisión como lo señaló la Comisión de Derechos Humanos. No obstante, algunos establecimientos, como la prisión de mujeres de Mandaluyong, cuentan con áreas específicas para las madres y sus bebés. Los establecimientos penitenciarios no disponen de los recursos ni del personal sanitario suficiente para garantizar una atención prenatal y postnatal adecuada.

Las personas privadas de libertad acceden a la información, principalmente, a través de la televisión. Los televisores se instalan en las celdas individuales y en las áreas colectivas. Las personas que disponen de medios económicos o aquellas consideradas ”Very Important Presos” pueden comprar un televisor para su uso personal. Asimismo, se admite el uso de radios. Una persona experta consultada informó que para las personas encarceladas por motivos políticos era más difícil obtener estos aparatos.

Las personas en espera de juicio y aquellas condenadas a una pena de prisión inferior a un año pueden votar en las elecciones locales y nacionales. Las personas especialistas consultadas señalaron que el personal penitenciario a veces presiona a las personas para influenciar su voto.