La administración penitenciaria debe garantizar el acceso al agua potable y suministrar tres comidas diarias a cada persona privada de libertad (artículo 23 del Código Penitenciario).

Cada celda dispone de un punto de suministro de agua potable. En los establecimientos de régimen semiabierto, las comidas se sirven en los refectorios, y en los demás establecimientos, directamente en las celdas. En 2018, el Defensor del Pueblo de Georgia (PDG) señaló que las comidas de las personas privadas de libertad no siempre cumplían con los estándares en materia de cantidad y calidad. En una encuesta realizada por un Grupo Especial de Prevención, un cuarto de la población carcelaria se quejó de la falta de productos frescos.

El artículo 15 del Código Penitenciario define una superficie mínima de 4 m² por persona para la población penada y de 3 m² para la población preventiva. No obstante, el tamaño y la disposición de las celdas varía en todo el país. En 2023, la media de ocupación por celda era de 3,7 personas. En las prisiones N.° 8 (Tbilissi), N.° 15 (Miskheta) y N.° 17 (Rustavi) no se respetan las normas mínimas en materia de espacio personal y existen constantes problemas de sobrepoblación. En 2021, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) observó que, en un mismo establecimiento, las condiciones de vida de las personas podían variar en función de su posición dentro de la jerarquía informal establecida.

La administración penitenciaria debe proveer a cada persona privada de libertad de una cama y de ropa de cama adecuada (artículo 22 del Código Penitenciario). Las personas especialistas consultadas señalaron que la ropa de cama que se suministra a algunas personas se encuentra en mal estado.

La falta de ventilación y de luz natural es un problema recurrente en los establecimientos penitenciarios, que aumenta el riesgo de enfermedades. El Defensor del Pueblo de Georgia (PDG) señaló que la falta de aire en las celdas causa algunos problemas de salud, como frecuentes dolores de cabeza.

Los sanitarios se sitúan dentro de las celdas y las duchas al exterior. Las duchas pueden usarse solo dos veces por semana (artículo 24 del Código Penitenciario) y no son accesibles para las personas con discapacidades motoras.

Las personas reciben productos de higiene personal al momento de su ingreso en prisión. Sin embargo, estos no satisfacen las diferentes necesidades individuales y su cantidad es insuficiente. Los artículos como el papel higiénico y el jabón se reponen cada mes. En 2015, el Centro de Derechos Humanos informó que las mujeres tenían que comprar productos de higiene menstrual adicionales en el economato. Las personas privadas de libertad pueden vestirse con sus propias prendas. La administración penitenciaria debe suministrar ropa adaptada a la temperatura a aquellas personas que no la tienen (artículo 22 del Código Penitenciario). Sin embargo, algunas fuentes señalan que esta disposición no siempre se respeta. Las personas extranjeras o que no cuentan con la ayuda de sus familiares tienen dificultades para vestirse de manera adecuada.

El personal sanitario de las prisiones no brinda suficiente información relativa a la salud a la población carcelaria. Una de las personas expertas consultadas afirma que existen algunos folletos informativos, pero que no se distribuyen de manera regular, sobre todo en los establecimientos de régimen cerrado. Al momento del ingreso en prisión, se realizan test de cribado para las enfermedades más prevalentes. En ocasiones, se organizan campañas de detección con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil. En 2022, en la prisión de Tanagdoma se llevaron a cabo 3.950 pruebas de detección del VIH. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2022, todos los establecimientos penitenciarios del país distribuían de manera gratuita preservativos y jabón. Por el contrario, los lubricantes y las jeringas no se suministraban en ninguna de las prisiones. Las personas reclusas también tienen acceso a la vacunación. El Defensor del Pueblo de Georgia (PDG) subrayó que el personal sanitario tiene dificultades para conocer el estado de vacunación de los menores encarcelados debido a problemas de comunicación con los organismos de salud exteriores.

El artículo 24 del Código Penitenciario estipula que debe realizarse un reconocimiento médico a las personas, al momento de su ingreso en prisión. Sin embargo, la falta de personal suficiente para acompañar a las personas de sus celdas a los consultorios causa retrasos en los exámenes.

Las personas privadas de libertad reciben atención médica general. No obstante, la reorganización del sistema de salud penitenciario, que tuvo lugar entre 2019 y 2020, provocó una reducción del personal sanitario, que genera a su vez demoras en los servicios. En 2020, el Defensor del Pueblo de Georgia (PDG) señaló que, en la prisión N.° 17, en Rustavi, “un médico jefe, un asistente administrativo, dos médicos de atención primaria y cinco enfermeros, tres médicos de guardia y cinco enfermeros de guardia” conformaban el equipo encargado de la salud general¹. Por otra parte, el PDG señaló la falta de personal de enfermería en la prisión de mujeres N.° 5, en Gardabani. Al personal sanitario, tanto general como especializado, lo emplea directamente la administración penitenciaria, lo que le impide actuar con independencia.

Cada establecimiento penitenciario debe contar con una unidad médica artículo 123 del Código Penitenciario. La prisión N.° 18 dispone de un centro hospitalario. Las personas privadas de libertad pueden trasladarse a un hospital público, en función de las plazas disponibles.

Algunas fuentes ponen de manifiesto los problemas de confidencialidad de los exámenes médicos, ya que estos se llevan a cabo en presencia del personal de seguridad, sobre todo en las prisiones de régimen cerrado.

En 2021, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) observó ciertos problemas relacionados con la atención en salud mental en algunas prisiones, como la N.° 14 (Geguti), N.° 15 (Ksari) y N.° 17 (Rustavi). Dichos problemas se deben, en particular, a la escasez de personal médico especializado. En 2019, por ejemplo, había tres profesionales en psicología en la prisión N.° 2, en Kutaisi. Sin embargo, tras la reorganización del sistema de salud penitenciario, llevada a cabo entre 2019 y 2020, la atención psicológica se confió a una sola persona.

En 2022, el Defensor del Pueblo de Georgia afirmó que la inconsistencia de los historiales médicos y la falta de información sobre los resultados de los tratamientos impide evaluar su adecuación. Cada servicio de salud debe mantener una versión impresa de los historiales médicos.

Las personas privadas de libertad pueden reunirse con sus representantes legales durante la semana (artículo 14 del Código Penitenciario). Aquellas con dificultades económicas tienen derecho a recibir asistencia jurídica gratuita (artículo 5 de la Ley de Asistencia Jurídica; artículo 14 del Código Penitenciario). Las personas especialistas consultadas señalan que los criterios para determinar la elegibilidad para la asistencia jurídica gratuita son restrictivos. Muchas personas de escasos recursos quedan excluidas de este mecanismo y tienen que costear su defensa.

En 2023, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad puso de relieve la falta de salas accesibles para que las personas con discapacidad se reúnan con sus defensores.

La legislación detalla los elementos que debe incluir el reglamento interno de los establecimientos penitenciarios (artículo 14 del Código Penitenciario). En la práctica, las personas privadas de libertad no siempre lo conocen. En 2019, el Defensor del Pueblo de Georgia (PDG) informó que a las personas recluidas en las prisiones N.° 2 (Kutaisi) y N.° 8 (Tbilissi) no se les comunicaban sus derechos ni se les daba información acerca de los mecanismos de quejas y solicitudes o de las sanciones y procedimientos disciplinarios.

El Código Penitenciario de 2010 detalla el sistema disciplinario.

En las prisiones N.° 2 (Kutaisi) y N.° 8 (Tbilissi), la población penada se aloja en las mismas celdas que la preventiva debido a la sobrepoblación. En principio, las personas adultas y las menores se alojan en diferentes módulos, pero la separación no siempre es efectiva. Las mujeres trans y los hombres identificados como homosexuales se separan del resto de la población carcelaria en celdas o módulos específicos. Penal Reform International describe estos locales de alojamiento como “prisiones dentro de la prisión, y zonas de discriminación y aislamiento”. Las personas alojadas en estos lugares son objeto de violencia por parte de sus compañeras y del personal penitenciario. En 2018, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que estas personas sufren insultos, burlas y violencia sexual. Además, a menudo se les obliga a llevar una identificación en su uniforme.

En la mayoría de las prisiones se ha establecido una jerarquía informal, que permite a aquellas personas con una buena posición gozar de mejores condiciones materiales y ejercer poder sobre las demás. De acuerdo con un estudio publicado en 2020, el traspaso de la autoridad a las personas privadas de libertad no sería posible sin el consentimiento o el apoyo de la dirección del establecimiento.

En 2021, el Defensor del Pueblo de Georgia (PDG) señaló el aumento de la violencia entre personas reclusas, que en muchos casos no se denuncia.

En 2018, el PDG informó que en las prisiones N.° 2 (Kutaisi), N.° 8 (Tbilissi) y N.°15 (Miskheta) los miembros del personal penitenciario ejercen violencia sobre las personas privadas de libertad. Del mismo modo, declaró que las personas recluidas en las prisiones de régimen cerrado han denunciado los comportamientos poco éticos del personal, así como la violencia verbal y el trato ofensivo y discriminatorio contra las personas reclusas empleadas por la administración para prestar los servicios de limpieza.

El Código Penitenciario define el acceso al trabajo como uno de los derechos de las personas privadas de libertad, tanto preventivas como penadas (artículo 14).

Existen tres tipos de trabajo remunerado : labores de mantenimiento, trabajo individual (por lo general, artesanías) realizado en las celdas y trabajo industrial llevado a cabo dentro del establecimiento para empresas externas (artículo 14 del Código Penitenciario). En la práctica, la oferta de empleo es limitada y solo una escasa proporción de personas privadas de libertad tienen la posibilidad de acceder a un trabajo. En mayo de 2023, las estadísticas oficiales mostraron que solo 971 personas privadas de libertad desempeñaban una de estas formas de trabajo, cuya remuneración es mucho más baja que la de la población general. En ocasiones, a las personas privadas de libertad se les exige trabajar en horarios irregulares y no se les informa con precisión la naturaleza del empleo que tienen que realizar. Algunas fuentes indican que no siempre se les concede tiempo libre y que las jornadas pueden durar más de ocho horas.

Las personas privadas de libertad tienen derecho de acceder a la educación y la formación profesional (artículo 14 del Código Penitenciario).

La oferta de formaciones profesionales varía en todo el país. En mayo de 2023, las estadísticas oficiales mostraron que 367 personas (3,81 %) tenían acceso a los programas de formación y 232 (2,41 %) a la educación superior, impartida por el Centro de Formación para las Personas Privadas de Libertad (Vocational Education and Training Centre for Inmates, VETCI). Los programas de formación son más accesibles en los establecimientos que alojan menores, como en la prisión N.° 11 en Tbilissi o en los establecimientos de baja seguridad, como la prisión N.° 16 en Rustavi.

Las personas expertas consultadas informaron que solo los menores tienen acceso a la educación secundaria general. Si bien existen algunos programas de educación superior para las personas penadas, pocas logran acceder a ellos. En mayo de 2023, las estadísticas oficiales mostraron que 63 personas estaban matriculadas en clases de educación general, y 36 en cursos de educación superior. La oferta de formaciones es limitada y la comunicación sobre el acceso a la educación superior en prisión es escasa.

Todas las personas privadas de libertad tienen derecho a pasar una hora diaria al aire libre (artículo 14, del Código Penitenciario). En 2022, el Defensor del Pueblo de Georgia (PDG) señaló que esta disposición no siempre se respeta en las prisiones de máxima seguridad N.° 3, en Batumi, N.° 6, en Gardabani, en la prisión de régimen cerrado N.° 2, en Kutaisi y en la prisión N.° 8, en Tbilissi.

Todos los establecimientos penitenciarios cuentan con una biblioteca, pero la calidad y la cantidad de libros disponibles varía de manera significativa. La oferta de libros en idiomas extranjeros es muy reducida, lo que limita de manera significativa el acceso a la biblioteca de las personas que no hablan el georgiano.

Las actividades deportivas y culturales se organizan sobre todo en los establecimientos que alojan mujeres (prisión N.° 5 en Gardabani) o menores (prisión N.° 11 en Tbilissi), así como en las prisiones de régimen semiabierto, como la prisión N.° 16 en Rustavi. En 2022, el Defensor del Pueblo de Georgia denunció que, en las prisiones N.°2 y N.° 8, las personas privadas de libertad no tenían acceso a ningún tipo de actividad y pasaban 23 horas diarias en su celda.

Las personas privadas de libertad tienen derecho a practicar su religión (artículo 14 del Código Penitenciario. La mayor parte de la población carcelaria practica el cristianismo ortodoxo georgiano. Aquellas personas que practican las religiones minoritarias del país, como la iglesia cristiana Armenia, el catolicismo, el islam o el judaísmo, son objeto de discriminación. No siempre se les facilita un lugar en el que puedan practicar su culto y la administración penitenciaria no les proporciona una dieta especial de acuerdo con sus creencias religiosas.

El Código Penitenciario reconoce el derecho de las personas privadas de libertad a la correspondencia, las llamadas telefónicas, las visitas y los permisos temporales de salida por razones familiares.

El Defensor del Pueblo de Georgia observó que la ubicación de las cabinas telefónicas no permite garantizar la privacidad de las conversaciones. La restricción del contacto con el mundo exterior suele usarse como sanción disciplinaria. En 2021, el Defensor del Pueblo de Georgia (PDG) contabilizó un total de 673 sanciones, en las que se restringía el derecho a la comunicación con el mundo exterior (llamadas, cartas y visitas). El elevado coste de la correspondencia y de las llamadas internacionales limita de manera desproporcionada el contacto con el mundo exterior de las personas extranjeras privadas de libertad. El PDG señaló que estas llamadas solo podían tener lugar dos días a la semana.

Los permisos temporales de salida casi nunca se conceden.

El Código Penitenciario contempla el derecho de las personas privadas de libertad de acceder a la información (artículo 14). Sin embargo, este puede retirarse por razones disciplinarias o en caso de régimen de aislamiento solitario. Los medios de comunicación disponibles son la radio, la televisión y los periódicos. En algunos establecimientos, sobre todo en los de máxima seguridad, las personas pueden comprar un televisor para su uso personal. En 2018, el PDG observó que, en la mayoría de los establecimientos penitenciarios, muchas personas comparten el televisor, y señaló la limitada oferta de canales, que afecta, en particular, a las personas que no hablan el georgiano.