
Australia
Capital — Canberra
Población del país
i30/09/2023Tasa de encarcelamiento (por 100 000 ha…
i09/2022Tipo de Gobierno
Índice de desarrollo humano
0,946(10/193)
Tasa de homicidio (por 100 000 habitant…
Nombre del ministerio responsable de la…
Número de personas privadas de libertad
i09/2022Tasa de ocupación
i2017Número total de establecimientos
i2015Se ha creado un MNP
Reclusas
i09/2022Porcentaje de personas en prisión preve…
i30/06/2022Se ha abolido la pena de muerte
Prison Life Index
Las evaluaciones miden las violaciones de los derechos de las personas privadas de libertad por parte del Estado. Estas se basan en un exhaustivo trabajo de investigación documental y en la apreciación de especialistas. Por favor, consulte la metodología para conocer cómo se colecta, clasifica y calcula el Prison Life Index.
Los datos y las cifras relativos a Australia se recolectaron entre agosto y octubre de 2024.
Comer, dormir, ducharse
Alimentación
Las personas privadas de libertad tienen acceso al agua potable
Las personas privadas de libertad tienen acceso a la alimentación
En la mayoría de las prisiones, las personas privadas de libertad pueden acceder al agua del grifo en sus celdas.
Por lo general, los establecimientos penitenciarios proporcionan tres comidas diarias, y la cena suele servirse más temprano de lo que se acostumbra fuera de prisión. Si bien los menús varían entre los diferentes estados y territorios, estos siguen las directrices dietéticas australianas. Las personas expertas consultadas señalan que ni la calidad ni la cantidad de los alimentos que suministra la administración penitenciaria son satisfactorias.
Alojamiento
Las personas privadas de libertad cuentan con un espacio personal suficiente
Las personas privadas de libertad pueden dormir en buenas condiciones
Las instalaciones están en buen estado, son salubres y adecuadas para todas las personas privadas de libertad
Las directrices mínimas para las prisiones australianas (The Minimum Standard Guidelines for Australian Prisons) recomiendan una superficie mínima por persona de 7,5 m2 en las celdas individuales, sin contar las instalaciones sanitarias. Sin embargo, esta disposición no es vinculante y no existe un reglamento que determine, a nivel nacional, una superficie mínima por persona.
En la práctica, las personas privadas de libertad no cuentan con un espacio personal suficiente. En varios estados, la administración penitenciaria ha optado por instalar literas para alojar a dos personas en celdas diseñadas para una. Una de las personas expertas consultadas subrayó que, los colchones de las prisiones son tan delgados, que algunas personas siguen sufriendo de dolores de espalda años después de su liberación.
Los establecimientos penitenciarios no disponen de sistemas de calefacción o aire acondicionado apropiados para regular la temperatura de las instalaciones. En febrero de 2024, la temperatura en las celdas de la prisión regional de Roebourne alcanzó los 43 °C.
Higiene personal
Las instalaciones sanitarias son adecuadas y permiten a las personas privadas de libertad mantener su higiene personal
Las personas privadas de libertad tienen acceso a artículos de higiene personal
Las personas privadas de libertad reciben ropa
Los sanitarios se sitúan dentro de las celdas, lo que no siempre es el caso de las duchas. Cuando estas se ubican al exterior, las personas privadas de libertad tienen dificultades para acceder a ellas. Con frecuencia, las instalaciones impiden preservar la privacidad de quienes las usan.
Al momento de su ingreso en prisión, las personas reciben algunos productos básicos de higiene personal, como jabón, papel higiénico, cepillos de dientes y pasta de dientes. Los artículos que se suministran no satisfacen las diferentes necesidades de las personas y su cantidad es insuficiente. En particular, no se provee a las mujeres de una cantidad razonable de toallas higiénicas. La administración penitenciaria entrega a las personas privadas de libertad un uniforme, cuyo uso es obligatorio. Su color varía entre estados y territorios. El suministro de zapatos también es posible, en caso de necesidad. Sin embargo, una persona experta consultada señala que estos son de mala calidad.
Recibir atención sanitaria
Marco preventivo
Las personas privadas de libertad se benefician de un programa encaminado a reducir el riesgo de transmisión de enfermedades e infecciones
Las personas privadas de libertad se benefician de programas de divulgación y sensibilización en materia de salud
Se llevan a cabo programas de cribado para detectar las enfermedades contagiosas
Se dispone de material e infraestructuras que limiten el riesgo de transmisión de enfermedades e infecciones
Se organizan campañas de vacunación
Se realiza un reconocimiento médico a las personas que ingresan en prisión
Atención médica general
El acceso a la atención médica general es rápido y regular
El personal de salud es profesional e independiente
Las personas privadas de libertad tienen acceso a infraestructuras sanitarias adecuadas
Atención en salud mental y dental
El acceso a la atención en salud mental y dental es rápido y regular
El personal de salud mental y dental es profesional e independiente
Las personas privadas de libertad tienen acceso a instalaciones de salud mental y dental adecuadas
Atención sanitaria de las personas con necesidades específicas
Las personas que realizan una transición de género reciben atención adecuada
Las personas de edad avanzada reciben atención médica adecuada
Los menores reciben atención médica adecuada
Las mujeres reciben atención médica adecuada
Las personas con enfermedades infecciosas reciben atención médica adecuada
Las personas con adicciones reciben atención médica adecuada
Las personas con trastornos mentales o enfermedades psiquiátricas reciben atención médica adecuada
Las personas con discapacidad física reciben atención médica adecuada
Continuidad de la atención médica
Se garantiza la continuidad de los tratamientos iniciados antes del ingreso en prisión
El ingreso en prisión, se abre un historial médico accesible al paciente
Recibir protección
Salvaguardias jurídicas
Las personas privadas de libertad reciben asistencia jurídica
Las personas privadas de libertad pueden informar a una tercera persona de su encarcelamiento, traslado, enfermedad o lesión grave
Se abre un expediente confidencial, completo y actualizado para cada persona privada de libertad
Las personas privadas de libertad tienen acceso al reglamento interno del centro penitenciario en el que se encuentran
Existen varios factores que obstaculizan el acceso a la asistencia jurídica. En algunas ocasiones, las entrevistas con los representantes legales se anulan o se retrasan debido a la falta de personal penitenciario. Una fuente señala que es muy difícil obtener asistencia jurídica gratuita en prisión.
Con frecuencia, las personas privadas de libertad no pueden informar a sus seres queridos en caso de enfermedad o traslado.
Desde el año 2000, en todas las jurisdicciones, se ha puesto en marcha un servicio de información relativo a la privación de libertad (Custody Notification Services, CNS). Estos servicios se concentran en brindar asesoramiento jurídico y comunicar con los seres queridos de las personas descendientes de pueblos autóctonos. El tipo de servicios que presta el CNS varía de un estado al otro.
El acceso al reglamento interno de los establecimientos varía en todo el país. Las personas expertas consultadas señalan que casi nunca se informa a las personas que ingresan en prisión sobre la existencia de tal reglamento.
Integridad física y mental
Existe un marco integral de prevención y protección
El sistema disciplinario que prevé la normativa pública es proporcionado y adecuado
Las personas privadas de libertad de distintas categorías se alojan en establecimientos y módulos separados
Las condiciones de trabajo del personal penitenciario favorecen la seguridad de las personas privadas de libertad
El marco de prevención y protección es efectivo
Se protege la integridad física de las personas privadas de libertad
La disciplina se aplica de manera proporcionada
Las personas privadas de libertad no se someten a tratos crueles, inhumanos o degradantes
Las personas expertas consultadas señalan que, en algunos estados, el sistema disciplinario es poco transparente. Este lo determinan las normativas estatales, además de las reglas específicas de cada establecimiento. En 2016, el Centro Jurídico de Derechos Humanos (The Human Rights Law Center) observó, que “existen muy pocas normativas que regulen las medidas de aislamiento solitario. Cada jurisdicción estatal concede un amplio margen de maniobra a la dirección de los establecimientos”.
La separación entre la población preventiva y la penada no es efectiva en todos los estados y territorios. En Australia Occidental, por ejemplo, la separación no es obligatoria. En Queensland, la población preventiva debe separarse de la penada “en la medida de lo posible”. Sin embargo, los servicios penitenciarios del estado reconocen que, en la práctica, no están en capacidad de hacer efectiva dicha separación.
Los niños y niñas pueden recluirse en establecimientos para adultos. En 2019, la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer observó que, en el Centro Correccional de Mujeres de Brisbane (Queensland), las niñas y las mujeres en espera de juicio se alojaban en las mismas celdas. En 2022, la asociación Abogados Australianos por los Derechos Humanos expresó su preocupación por el traslado de 20 niños a la prisión de máxima seguridad de Casuarina (Australia Occidental).
Las personas especialistas consultadas indican que la formación del personal penitenciario se concentra más en la seguridad que en los derechos humanos. La constante escasez de personal repercute en el funcionamiento de los establecimientos y pone en riesgo la seguridad de las personas privadas de libertad. Esta situación se ha observado en el Territorio de la Capital Australiana, así como en Victoria, Australia Occidental y Tasmania.
En varios estados, se han registrado casos relacionados con el uso desproporcionado de la disciplina. En 2023, el Defensor del Pueblo de Nueva Gales del Sur concluyó que, “todos los establecimientos penitenciarios sufrían de una incapacidad sistémica para respetar las exigencias legales y las políticas aplicables en materia de disciplina”. La Comisión Australiana de Derechos Humanos denunció en 2023 los tratos abusivos, crueles, inhumanos y degradantes, así como el recurso excesivo al aislamiento solitario y los registros al desnudo. Las personas aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres, y aquellas que sufren de trastornos mentales, son las principales víctimas de estas prácticas y de la violencia del personal penitenciario. En junio de 2023, las personas aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres representaban el 33 % de la población carcelaria con respecto a un 3,8 % en la población general australiana.
Recientes informes indican que, en territorios como Australia Occidental, el Territorio del Norte y Queensland, se somete al aislamiento solitario a las personas menores de edad, una práctica que prohíben las normas internacionales. En 2023, la Inspección de los Servicios Penitenciarios de Australia Occidental (The Office of the Inspector of Custodial Services of Western Australia) visitó el centro correccional de Kanksia y el módulo 18 de la prisión de Casuarina (Perth), en los que se aloja a menores; la mayoría eran niño-as aborígenes o isleño-as del Estrecho de Torres. El informe de la visita de inspección pone de manifiesto el deterioro de las condiciones de reclusión y los efectos nocivos del aislamiento en la salud mental de lo-as menores. Además, señala el elevado número de casos de suicido y autolesión.
Mecanismos de denuncia, apelación y control
Existen mecanismos de control
La administración penitenciaria central lleva a cabo periódicamente inspecciones internas o administrativas de manera periódica
Existen organismos independientes que realizan inspecciones externas regulares
Los mecanismos de denuncia y apelación son efectivos
En caso de infracción en contra de los derechos de una persona privada de libertad, la respuesta de la institución es efectiva
Las personas privadas de libertad, su defensa o sus familiares pueden presentar una denuncia
En la mayoría de los estados, no existe ninguna prueba de que se hayan llevado a cabo inspecciones internas o administrativas.
Australia ratificó el Protocolo Facultativo de las Naciones Unidas contra la Tortura en diciembre de 2017. En 2022, en virtud de este protocolo, el Subcomité para la Prevención de la Tortura organizó una visita al país. Sin embargo, esta se interrumpió debido a la falta de cooperación, ya que se impidió a la delegación visitar varias prisiones en Nueva Gales del Sur y en Queensland. Hasta la fecha, estos dos estados, junto con el estado de Victoria, siguen sin establecer un Mecanismo Nacional de Prevención. Por otra parte, los mecanismos establecidos en los demás estados trabajan con “recursos limitados”.
Los mecanismos internos de quejas rara vez permiten garantizar el anonimato de las personas. Las quejas que no impliquen agresión o uso excesivo de la fuerza por parte del personal deben presentarse en primer lugar a los funcionarios del establecimiento.
Mantenerse en actividad
Trabajo
Todas las personas privadas de libertad pueden acceder a un trabajo
Las personas privadas de libertad que trabajan reciben una remuneración justa y pueden disponer libremente de al menos una parte de ella
Las personas privadas de libertad gozan de condiciones de trabajo adecuadas
Las personas privadas de libertad tienen acceso a una oferta laboral variada, así como a puestos que les permitan adquirir competencias y que no conlleven ningún riesgo o penosidad superior a los del resto de la población
En estados como Victoria, Australia Meridional o Nueva Gales del Sur, se exige a las personas condenadas desempeñar un trabajo. En 2022, el Instituto Australiano de Salud y Bienestar (The Australian Institute of Health and Welfare) informó que, entre 2021 y 2022, el 80 % de las personas privadas de libertad que podían trabajar, tenía un empleo. Las personas pertenecientes a las comunidades aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres tienen menos probabilidades de acceder a una actividad laboral. Los criterios de selección varían entre los diferentes estados y territorios. En Queensland, solo se permite trabajar a las personas clasificadas en un nivel de seguridad bajo.
La oferta laboral es insuficiente con respecto a la cantidad de personas privadas de libertad que desean trabajar. Las personas en prisión preventiva y aquellas en régimen de máxima seguridad tienen menos acceso al empleo. La población carcelaria puede trabajar para la administración penitenciaria en labores de mantenimiento (cocinar, limpiar, ocuparse de los jardines o de la lavandería) o trabajar para empresas externas, dentro de los establecimientos penitenciarios, en actividades industriales como, carpintería, metalistería, panadería, reciclado y textilería. El país cuenta con establecimientos penitenciarios de trabajo (Working prisons) o campos de trabajo (Work camps), como el Centro Penitenciario de Palen Creek (Queensland), un establecimiento de seguridad baja que explota la industria ganadera y de productos agrícola, con los que abastece su cocina.
Como forma de pago, las personas reciben un aumento del subsidio semanal que se otorga a toda la población carcelaria. Este importe varía en función del estado o del territorio, así como del tipo de labor realizado. La remuneración de las personas privadas de libertad es muy inferior a la de la población general, incluso cuando trabajan para empresas externas. En Nueva Gales del Sur, los salarios oscilan entre 10 y 56 dólares australianos a la semana, y, entre 17 y 52, en Tasmania. En julio de 2024, el salario mínimo nacional se elevaba a $915,90 semanales.
La oferta laboral para las mujeres privadas de libertad suele ser más restringida, y los salarios más bajos que los de los hombres. En Queensland, las mujeres pueden trabajar cortando textiles usados y confeccionando prendas para niño-as.
La Ley de Trabajo Justo de 2009 (Fair Work Act 2009) no protege a las personas privadas de libertad que trabajan, quienes se excluyen también de la mayoría de las legislaciones laborales nacionales y estatales. Las personas privadas de libertad que ejercen una actividad laboral no tienen derecho a recibir una indemnización por enfermedad. El Sindicato Australiano de Personas Reclusas (Australian Prisoners Union, APU) no figura en los registros de la Comisión de Trabajo Justo (Fair Work Commission) como un sindicato. Fundado en 1999, el APU tiene por objeto abordar el tema de las necesidades y el bienestar de las personas sujetas a hospitalización involuntaria o recluidas en prisiones y correccionales de menores.
Formación y educación
Las personas privadas de libertad tienen acceso a formaciones profesionales
Las personas privadas de libertad tienen acceso a la educación
La educación y la formación profesional la imparte personal docente, pero la oferta es limitada.
En 2023, la Inspección de los Servicios Penitenciarios de Australia Occidental (The Western Australian Inspector of Custodial Services) afirmó que la escasez de personal reducía de manera significativa la oferta de educación y de formación reservada a las personas privadas de libertad.
La falta de ordenadores impide acceder a los programas educativos, ya que la mayoría de ellos se imparten en línea.
Actividades culturales, deportivas y espirituales
Las personas privadas de libertad pasan al menos una hora diaria al aire libre
Las personas privadas de libertad tienen acceso a actividades recreativas y culturales
Las personas privadas de libertad pueden acceder a una biblioteca
Las personas privadas de libertad pueden participar en actividades recreativas y culturales
Las personas privadas de libertad tienen acceso a actividades físicas y deportivas
Las personas privadas de libertad pueden practicar su espiritualidad
En 2022 y 2023, las personas privadas de libertad pasaban, en promedio, unas 8,8 horas diarias en sus celdas; un tiempo susceptible de variar de un año a otro. Algunas fuentes señalan que las personas pueden pasar varias semanas encerradas en sus celdas debido a la falta de personal. Este problema se ha documentado en varios estados y territorios, como Tasmania, Victoria y el Territorio de la Capital Australiana.
Las personas recluidas en prisiones de máxima y mediana seguridad, así como aquellas sujetas a medidas de aislamiento solitario tienen un acceso limitado a las salidas al aire libre. En 2020, el Centro Jurídico de Derechos Humanos observó que las personas en aislamiento solitario “pasaban máximo una hora al día en una especie de corral de concreto o un patio enrejado”.
El acceso a la biblioteca de las prisiones varía en todo el país. Las personas recluidas en establecimientos de mediana y máxima seguridad no tienen acceso directo a la biblioteca y deben solicitar al personal los libros que desean consultar.
En los establecimientos penitenciarios, rara vez se organizan actividades culturales y recreativas. Las personas especialistas consultadas declaran que la oferta de actividades no cubre las necesidades de las personas aborígenes o isleñas del Estrecho de Torres.
La mayoría de las personas privadas de libertad puede acceder al material deportivo. Sin embargo, se puede denegar el uso de los equipos a aquellas en aislamiento solitario.
Los establecimientos penitenciarios cuentan con la presencia de capellanes que brindan apoyo espiritual y religioso a las personas privadas de libertad. Las personas expertas consultadas aseguran que los capellanes representan principalmente la comunidad cristiana. Algunas prisiones no disponen de salas de culto, y las personas deben orar en su celda.
Mantener los vínculos
Vínculos familiares
Las personas privadas de libertad pueden comunicar por correspondencia escrita con sus seres queridos
Las personas privadas de libertad pueden comunicar por teléfono con sus seres queridos
Las personas privadas de libertad pueden recibir visitas de sus seres queridos
Las personas privadas de libertad pueden obtener permisos de salida para visitar a sus seres queridos
Existen disposiciones para garantizar el interés superior de los niños de las personas privadas de libertad
Las personas privadas de libertad pueden comprar sobres y sellos en el economato de la prisión para enviar correspondencia a sus seres queridos. El precio de este material varía entre los diferentes estados y territorios. En Nueva Gales del Sur, las personas privadas de libertad no reciben las cartas que les envían sus seres queridos, sino una fotocopia que realiza la administración penitenciaria. Esta práctica se aplica de manera discrecional en Victoria y Australia Occidental.
Las personas privadas de libertad pueden usar los teléfonos públicos para comunicar con sus seres queridos. Solo es posible llamar a las personas que figuran en la lista de contactos autorizada previamente. En Nueva Gales del Sur y Australia Meridional, la lista contiene máximo diez números. En Victoria, se autorizan hasta 20 números.
La gestión y tarificación de las llamadas se confían a la empresa privada Comsec TR. Las tarifas aplicadas varían dentro de los diferentes territorios y estados. En Australia Meridional, un minuto de llamada cuesta 10 centavos de dólar, 24 en Nueva Gales del Sur, 40 en el Territorio del Norte, 50 en el Territorio de la Capital Australiana, y 57 en Victoria.
Las personas expertas consultadas señalan que los costes del material para la correspondencia y las llamadas son demasiado altos para las personas en prisión, teniendo en cuenta sus limitados recursos financieros y sus bajos salarios. Así pues, esto constituye un obstáculo para el mantenimiento de los vínculos con los seres queridos. La distancia entre los establecimientos penitenciarios y el domicilio habitual de las personas privadas de libertad es una dificultad adicional. En ocasiones, debido a las limitaciones territoriales y los niveles de seguridad, las personas deben enviarse a establecimientos penitenciarios alejados de su lugar residencia. Los derechos de visita y los horarios varían de una prisión a otra y no toman en consideración los largos trayectos que las familias deben recorrer.
Las personas privadas de libertad rara vez pueden acceder a los permisos temporales de salida. En Australia Meridional, cuando estos se otorgan por motivos humanitarios, es probable que se mantenga esposadas a las personas y que un miembro del personal les acompañe durante todo el tiempo de la salida.
Las madres privadas de libertad pueden permanecer con sus hijo-as en prisión. La edad límite varía de un estado a otro. En algunos estados, como en el Territorio del Norte, Queensland y Tasmania, o Nueva Gales del Sur, existen instalaciones específicas para la estancia de los niños y las niñas.
Vínculos con la sociedad
Las personas privadas de libertad tienen la posibilidad de informarse a través de diversos medios
Las personas privadas de libertad que han conservado su derecho al voto pueden votar
Las personas privadas de libertad tienen acceso a la información y se les permite comprar su propio radio o televisor. Los televisores se instalan en las áreas colectivas. En algunas bibliotecas, las personas pueden consultar los periódicos.
El voto es obligatorio en las elecciones federales, estatales y territoriales para todas las personas ciudadanas australianas mayores de 18 años. Las personas que desean votar deben registrarse previamente en las listas electorales. Esta obligación de voto también concierne a las personas condenadas a una pena inferior a tres años. Las personas expertas consultadas indican que, en la práctica, muchas personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a la ausencia de mesas de votación en los establecimientos, problemas de inscripción en la lista o dificultades para recibir la papeleta electoral.