Suiza: la espiral de las evaluaciones psiquiátricas

Philippe Delacrausaz. En Suiza, las evaluaciones psiquiátricas forenses juegan un papel primordial, ya que permiten determinar la imputabilidad, semiimputabilidad o inimputabilidad de una persona. Con base en estas evaluaciones, el juez decide si pronuncia una pena de prisión, una medida de seguridad o una orden de tratamiento (o varias medidas a la vez). Si se concluye que una persona es inimputable, el juez puede pronunciar una medida de seguridad, que se efectúa, en teoría, en un centro de salud mental. Sin embargo, debido a la falta de plazas en estos centros, dichas medidas se llevan a cabo en establecimientos penitenciarios y, a diferencia de las penas de prisión, que tienen un principio y un fin, pueden renovarse indefinidamente ─al menos mientras se considere que la condición de la persona, por la que se impuso la medida, no ha cambiado─. Solo una nueva evaluación permitirá establecer el término de la medida de seguridad y sus condiciones. Por lo tanto, el papel del experto en psiquiatría forense es crucial, ya que la decisión del juez se basará en su evaluación.

Con los años, las expectativas han cambiado y hoy en día se atribuye mayor importancia a la peligrosidad y a la prevención de la reincidencia que a la responsabilidad penal.

Desde la revisión del Código Penal en 2007, las evaluaciones psiquiátricas que se realizan al final de la pena adquirieron mayor preponderancia, y su uso ha aumentado considerablemente durante los últimos quince años. Con este tipo de evaluación se pretende no solo conocer el potencial riesgo de reincidencia, sino también determinar si la medida, o sus condiciones, se deben modificar.

PD. El Derecho suizo exige simplemente que la persona responsable de la evaluación psiquiátrica forense sea un médico que tenga las competencias necesarias. En el centro de evaluaciones periciales del CHUV, se designa un responsable y un corresponsable para cada evaluación ─nunca se asigna esta misión a una sola persona─. El dúo de expertos lo conforma un psiquiatra y un psicólogo o dos psiquiatras. Una vez asignada la misión, los peritos tienen acceso al expediente penal de la persona en cuestión y pueden reunirse con ella. También es posible acceder a su expediente médico, para lo que se requiere su consentimiento.

Las entrevistas ─por lo general, dos o tres de una duración de dos horas─ tienen lugar en los centros penitenciarios o en los centros de evaluaciones periciales, y las realiza uno solo de los peritos encargados. Tras recopilar la información necesaria sobre la persona, se organiza una nueva reunión, en presencia de ambos expertos. El experto que, hasta el momento, había permanecido en segundo plano es el encargado de dirigir la reunión. Este contexto médico permite evaluar la dinámica de la relación y enriquecer el proceso clínico. Una vez terminada esta etapa, comienza el proceso de deliberación, en el que los dos expertos establecen juntos un diagnóstico y evalúan el riesgo que presenta la persona o incluso su responsabilidad penal.

Para esto se utilizan herramientas de evaluación del riesgo, incluidas las denominadas “actuariales” o de “juicio profesional estructurado”, que se eligen en función del tipo de violencia identificado. Por ejemplo, existen diversas herramientas específicas para la violencia de carácter sexual, pero se dispone de muy pocas para los casos en los que no hay violencia, como fraudes o daños materiales. Si bien estas herramientas pueden variar, el método para realizar una evaluación psiquiátrica forense siempre es el mismo.

Los expertos tenemos que sustentar nuestro informe ante los tribunales ─esto no es sistemático en el cantón de Vaud, lo que considero lamentable─. Si bien este momento puede ser bastante incómodo para los expertos en psiquiatría, que suelen temer la confrontación, es la ocasión perfecta para arrojar luz sobre el funcionamiento de una persona, una patología o para aclarar malentendidos. En mi opinión, se trata de un momento privilegiado de intercambio entre juristas y psiquiatras, que casi siempre resulta muy útil.

PD. Es imposible evaluar la peligrosidad de un individuo, puesto que no se trata de una medida en sí, como el tamaño, el peso o la frecuencia cardiaca. Todas las personas somos potencialmente peligrosas y a menudo es una cuestión de contexto. Por ejemplo, es sumamente difícil evaluar la comisión de un primer acto violento; hoy en día, en el caso de la violencia intrafamiliar, es casi imposible determinar hasta qué punto es probable que un hombre que amenaza a su esposa, cumpla su amenaza y la mate. En cambio, sí es posible evaluar el riesgo de reincidencia, es decir, la probabilidad de que una persona que ha cometido un delito, vuelva a hacerlo. Se trata evidentemente de una evaluación predictiva que suelo comparar con el clima; aunque las predicciones meteorológicas han mejorado mucho en los últimos 20 años, su nivel de confianza cambia drásticamente con el tiempo. Durante las primeras 48 o 72 horas, el índice de confianza es muy bueno, pero cuanto más lejos en el tiempo, más bajo es el índice; por ejemplo, no se puede predecir con exactitud el clima que tendremos diez días después.

Por lo tanto, es esencial que el experto tenga muy claro lo que puede decir. Podemos hacer suposiciones sobre ciertas cosas, pero hay otras a las que simplemente no podemos responder.

El juez necesita conocer con precisión este factor de certeza o incertidumbre para poder tomar su decisión. Para retomar el ejemplo del clima, si nos dicen “en cinco días lloverá “ con un índice de confianza de dos sobre diez, no es para nada lo mismo que si nos dicen “en cinco días lloverá “ con un índice de ocho sobre diez. En el primer caso, dudaremos en llevar nuestro paraguas; en el segundo, es casi seguro que lo llevaremos. El experto debe ser capaz de dejar en claro los aspectos sobre los que no se puede pronunciar.

Durante la iniciativa popular sobre la cadena perpetua, votada por el pueblo suizo en 2004, tuvimos un debate muy importante sobre esta cuestión. La cadena perpetua pretende encerrar de por vida, sin posibilidad de liberación anticipada, a una persona que se considera incurable y que presenta un alto riesgo de reincidencia. Para pronunciar dicha pena, dos dictámenes periciales independientes deben llegar a la misma conclusión. Sin embargo, las herramientas de evaluación de riesgos disponibles en la actualidad no nos permiten hacer ninguna predicción sobre lo que ocurrirá dentro de 10, 20 o 30 años. Por lo tanto, aunque la cadena perpetua esté consagrada en el Código Penal, en la práctica, la falta de herramientas científicas hace imposible su aplicación.