Análisis

España fue uno de los países europeos más afectados por la primera ola de la pandemia. El 15 de marzo de 2020, el ministro del Interior declaró el estado de alarma en el país. A partir de entonces, se suspendieron las visitas en los centros penitenciarios y se tomaron medidas sanitarias en función del contexto local, que variaban de una comunidad a otra, en especial entre Cataluña y el resto del país. La cantidad de contagios se mantuvo relativamente baja en comparación con la situación en el exterior: entre marzo y julio, 85 reclusos se contagiaron.1 Desde el inicio de la crisis, el Observatorio del Sistema Penal y de Derechos Humanos (OSPDH) ha monitoreado la pandemia en las prisiones y ha publicado información al respecto.
Varios reclusos y miembros del personal penitenciario han criticado la manera en que las autoridades han manejado la crisis. La falta de EPI aumentó la tensión en las prisiones y condujo a varios motines. Algunas organizaciones locales denunciaron que ciertas prácticas de los centros penitenciarios eran incompatibles con las normas sanitarias. Para paliar las restricciones que se impusieron a las personas privadas de libertad, se implementaron medidas compensatorias. Sin embargo, hubo una marcada desigualdad en el acceso. Desde noviembre, varios centros han vuelto a adoptar medidas de restricción estrictas como la suspensión de visitas y de los permisos de salida.

Prison Insider y el Centro de Estudios Justicia y Sociedad de Chile han planteado un análisis sobre el primer año de la pandemia en las prisiones de once países. España es uno de ellos.

Los internos aislados no podían recargar sus créditos telefónicos ni comprar comida en el economato. Las duchas, los inodoros y las luces presentaban problemas de funcionamiento y no había suficiente mobiliario como sillas y colchones.

Las autoridades penitenciarias implementaron medidas de compensación, como la autorización de quince llamadas semanales en lugar de diez, y las llamadas gratuitas para aquellos reclusos en situación de precariedad económica.

Monografías de otros países

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Chile: incertidumbre en las prisiones

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