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Nicaragua: mujeres trans hablan desde las prisiones durante la COVID-19

Para las mujeres trans, las cosas son infinitamente peores.

Las mujeres trans, y las personas LGBTI en general, se enfrentan a grandes desafíos en Nicaragua.

Braulio Abarca, abogado de derechos humanos y miembro del Colectivo Nicaragua Nunca Más, afirma que parte del problema reside en la falta de normativas que protejan a estos colectivos frente a la discriminación y los delitos de odio.

“En Nicaragua no existe una ley de identidad de género ni de crímenes de odio. En 2007 se incluyó un artículo (en el Código Penal) que agrava las penas por delitos de odio. Pero aunque existe, el artículo no se aplica en la práctica”, explica.

La arraigada discriminación que subyace tras la falta de legislación para proteger a las mujeres trans se ve también ilustrada por la escasez de medicinas en las prisiones. Para muchas mujeres trans que están recibiendo terapia de reemplazo hormonal, esto puede ser un castigo especialmente duro.

Victoria cuenta que conoció a otras mujeres trans en La Modelo a las que negaban el tratamiento médico. Entre ellas se encontraba otra activista que compartió celda con Victoria durante cinco meses.

Ella estaba pasando momentos muy traumáticos en relación a la situación de su corporalidad, de su alimentación.

“Estaba llevando una dieta regulada con un endocrinólogo y un nutricionista para la situación de su cuerpo y necesitaba hacer su visita médica para medirse la presión, necesitaba un psicólogo para hablar, pero nada de lo que solicitábamos se concedía a pesar que teníamos una orden de un juez”, recuerda Victoria.

También contó que a las personas que viven con el VIH se les negaba a menudo el acceso a medicación necesaria para salvarles la vida, o se les proporcionaba esa medicación irregularmente. Esto resulta especialmente preocupante en el contexto de la pandemia de COVID-19. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) ha advertido de que las personas que viven con VIH pueden correr un mayor riesgo de sufrir síntomas más graves si se contagian de COVID-19.

“Yo solicité en más de dos ocasiones ir a un centro médico a hacerme la prueba del VIH pero nunca me dieron el permiso. Eso es grave porque hay personas que son violadas, hay personas que se hacen pareja de los carceleros y no permiten el ingreso de condones. El tema de la prevención del VIH es un tema muy importante a tratar en las cárceles.”

Desde que estalló la pandemia de COVID-19, la preocupación ha corrido como la pólvora. Martínez García afirma que Celia, que sufre hipertensión, le dijo que tenía tos, fiebre y dolor de cuerpo.

“Le solicitamos al juez en varias oportunidades que tuviera acceso a un médico y no se lo proporcionaron. Ella siempre se queja de dolor. Ella es hipertensa crónica, necesita sus pastillas y no se las dan”, explica.

“El COVID-19 ha sido utilizado como un arma para los activistas presos”, añade la abogada. “Muchos se han contaminado por el descuido de los custodios y el gobierno, el hacinamiento y la falta de agua potable. No les hacen pruebas para que no haya evidencia, pero las cárceles están plagadas de esa pandemia.”

En lo que algunas personas vieron como un intento de hacer frente a las crecientes críticas por la actitud de las autoridades, que parecían restar importancia al impacto de la pandemia, entre abril y mayo el gobierno de Nicaragua ordenó la puesta en libertad de 4.515 personas, entre ellas personas mayores y personas con enfermedades crónicas. Otras 1.605 personas fueron excarceladas de nueve prisiones a mediados de julio.

Pero no fue hasta el 14 y 15 de julio cuando las autoridades anunciaron la excarcelación de tan sólo cuatro de las personas activistas detenidas, según la información procedente de medios de comunicación y organizaciones locales.

En la actualidad sigue habiendo más de 80 personas entre rejas como castigo por su activismo político. Una de ellas es Celia, que no entró en la lista de personas liberadas.

El doctor Jeremy Cruz, médico que proporciona atención médica a mujeres trans, afirma que suspender el tratamiento de reemplazo hormonal a las personas encarceladas puede tener graves consecuencias.

“La persona deja de vivir con las características sexuales secundarias que quería cambiar y se incrementa la ansiedad, el consumo de sustancias y la depresión —explica—, lo cual puede desencadenar en mayores tasas de suicidio.”

La pandemia empeora mucho más la situación, especialmente para quienes viven con VIH, que podrían no tener acceso completo a su tratamiento y encontrarse en una situación mucho más vulnerable.

“Cada vez que se suspende la medicación, el paciente podría sufrir las consecuencias y luego requerir un tratamiento mucho más complejo, lo que generaría el riesgo de que creara resistencia a los retrovirales y pondría su vida en peligro”, explica Cruz.

Ante la perspectiva de que Celia contrajera la COVID-19, su abogada exigió que las autoridades la enviaran a casa. Sin embargo, continúa entre rejas.

Mientras tanto, siguen recibiéndose informes de detenciones arbitrarias, y las autoridades nicaragüenses siguen llenando las prisiones de personas que se atreven a alzar la voz contra las políticas gubernamentales.

Incluso cuando las ponen en libertad, el acoso contra las personas activistas en la Nicaragua de Ortega no cesa. Victoria, que fue excarcelada en junio de 2019 como parte de una ley de amnistía, asegura que aún tiene que ocultarse en los lugares públicos, pues tiene miedo.

“Yo a veces me siento igual de presa. Salir es a veces una cuestión de disfrazarse, andar con gorra, con gafas, que no se pueda mencionar mi nombre porque siempre está el miedo latente de ser identificada como oposición”, dice.

“Siento que no soy parte de esta sociedad, que se me quitó el derecho a ser nicaragüense. Es una condena demasiado injusta.”

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