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Mexico: opacidad carcelaria

El desarrollo y presentación de investigación nueva sobre personas detenidas no hace sino confirmar la ominosa discrepancia entre la retórica y la realidad en materia de justicia y retención de presuntos responsables.

Una tercera parte de las personas presas no ha recibido sentencia en un contexto en el cual el “Nuevo” Sistema de Justicia Penal inició una reforma de ocho años, concluida hace un año, y donde existe, de dientes para afuera, el compromiso de los estados de proveer defensorías de oficio en ausencia de los abogados privados. La oferta de modernización del sistema de justicia en su parte penal penitenciaria, además de la omisión ocurrida con lo policial y el funcionamiento de los tribunales, no se ha cumplido.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), del INEGI, la primera en su tipo realizada por esa institución, el 29.6 por ciento de las 211 mil personas presas en todo el país, alrededor de 62 mil 500, no ha recibido sentencia.

De ese total más del 43 por ciento lleva en espera de la resolución de su caso más de dos años. Una tercera parte de todos los detenidos sostiene haber sido víctima de un delito dentro de prisión; una quinta parte asegura haber padecido extorsión y una vigésima parte, al menos, del total habría sido víctima de algún delito sexual, según los testimonios y los datos agregados del INEGI presentados ante la prensa este martes.

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