Análisis

En 2017, tras un brote de tuberculosis, el Servicio de Prisiones de Irlanda (IPS) puso en práctica un “enfoque para frenar la propagación”, que consistió en crear un equipo de control de infecciones ─que trabajaba en colaboración con el equipo de reclusos voluntarios de la Cruz Roja de Irlanda─ y en formar a 2300 trabajadores y 450 internos en materia de control de infecciones.
A mediados de febrero de 2020, antes de que se declarara la pandemia, el IPS puso en marcha sus medidas para prevenir la propagación de la COVID-19. El equipo de control de infecciones rápidamente creó un Equipo de Planificación de Respuesta a Emergencias (ERPT) ─conformado por personal sénior con calificaciones profesionales y experiencia en el control de las operaciones, de la atención médica y de las infecciones─ que trabajaba en colaboración con el Equipo de Emergencias de la Sanidad Pública Nacional (NPHET) y la Cruz Roja irlandesa.

La Irish Prison Reform Trust (IPRT), una organización benéfica que defiende los derechos de los reclusos, informó que la comunicación abierta y eficaz entre el ERPT, la administración penitenciaria y el Gobierno facilitó una rápida respuesta política y la aplicación de medidas.
La administración penitenciaria ha utilizado nuevos canales de comunicación mediante su sitio web y las redes sociales para difundir información fuera del sistema de prisiones.
La organización IPRT ha destacado la interesante labor que se ha llevado a cabo junto con la Cruz Roja para facilitar el acceso a folletos informativos, así como la implicación de reclusos voluntarios, que se encargaron de crear una mayor conciencia sobre las medidas de distanciamiento físico y la identificación de prácticas de alto riesgo.

Prison Insider y el Centro de Estudios Justicia y Sociedad de Chile han planteado un análisis sobre el primer año de la pandemia en las prisiones de once países: Irlanda es uno de ellos.

En cuatro semanas, se puso en libertad a un total de 476 personas, lo que equivale a uno de cada ocho reclusos.

La asociación IPRT alentó a las autoridades a que reformaran el sistema de denuncias. La organización declaró que el sistema interno vigente no cumple los criterios de un mecanismo independiente