Francia: Juegos Olímpicos bajo control

Johann Bihr. En este número de Dedans Dehors queríamos destacar la instrumentalización de la justicia penal al servicio del mantenimiento del orden. Esta se manifiesta de diferentes maneras. Desde hace varias semanas, las calles fueron «limpiadas», por no decir «socialmente limpiadas», sobre todo en Seine-Saint-Denis. Las autoridades están reprimiendo todas las formas de ocupación de la vía pública, en particular la venta ambulante y la venta de cigarrillos falsificados. La represión de estas infracciones relativamente menores es una prioridad para la fiscalía de Bobigny, y el endurecimiento de las penas ya es palpable.

Hasta ahora, las ventas ambulantes eran objeto de un recordatorio de la ley.(rappel à la loi). Según nuestras fuentes, ahora se tratan mediante una comparecencia judicial basada en el reconocimiento previo de culpabilidad (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), y a veces incluso mediante una comparecencia inmediata (comparution immédiate). Además, las condenas se ven acompañadas sistemáticamente de la prohibición de presentarse (interdictions de paraître) en las zonas donde se celebrarán las competencias olímpicas. Las autoridades se esfuerzan por mantener las calles bonitas y presentables para los turistas y las cámaras de todo el mundo.

Lo que es aún más preocupante es que se están utilizando procedimientos penales bajo el pretexto de la prevención del terrorismo. Las medidas administrativas heredadas del estado de emergencia, que fueron incorporadas en la ley ordinaria en 2017, se están utilizando en el contexto de los Juegos Olímpicos.

El impulso se puso en marcha con el memorando “Plan de Acción Antiterrorista” del Ministerio del Interior, enviado a los prefectos y a los servicios de policía e inteligencia el 6 de mayo. El principal objetivo de la nota es neutralizar preventivamente cualquier amenaza potencial, es decir, cualquier persona sospechosa de radicalización. Se alienta a los prefectos a recurrir más a medidas extremadamente restrictivas, como el arresto domiciliario y las medidas individuales de control administrativo y de vigilancia (mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, (MICAS). El documento también pide a los servicios del Estado que persigan al mayor número posible de personas consideradas sospechosas, incluso por delitos no relacionados con el terrorismo, con el fin de neutralizarlas y vigilar sus movimientos. Todavía es difícil medir el impacto real de estas instrucciones, pero las seguiremos muy de cerca en las próximas semanas.

Esta instrumentalización de la justicia penal va en contra de la lógica que sostiene que las sospechas deben llevar a la recogida de pruebas, a la apertura de una investigación y, tras un proceso justo, a la adopción de medidas. En este caso, se pide a la justicia que adopte medidas al servicio de un fin predeterminado: la neutralización de personas consideradas indeseables.

JB. Sin una bola de cristal, es mejor abstenerse de hacer predicciones. Sin embargo, muchos profesionales del derecho están preocupados por el efecto potencialmente autocumplido de la intensificación de las medidas penales y de seguridad. Todo contribuye a la aumentación del riesgo de condena: la multiplicación de la presencia policial, las instrucciones de firmeza por parte del Ministerio de Justicia y el énfasis puesto en la represión de delitos relacionados con la ocupación de la vía pública. Los planes de organización de las jurisdicciones que acogen los casos, en particular París y Bobigny, prevén una mayor utilización de las comparecencias inmediatas. Este procedimiento es especialmente rápido y limita al extremo la preparación de los juicios. Además, multiplica por ocho la probabilidad de ser condenado a una pena privativa de libertad.

Las autoridades penitenciarias son conscientes que las cárceles ya están desbordadas y que la situación no puede empeorar. Saben que las cámaras de todo el mundo están enfocadas en Francia. Hemos documentado cómo la administración penitenciaria se ha estado preparando para esta situación durante varios meses. Están en pie de guerra y muy movilizadas durante todo el verano, igual que los servicios de justicia y policía.

Han hecho todo lo posible por encontrar espacio en las cárceles de la región de Île-de-France. El margen de maniobra es muy reducido. Son traslados desde los establecimientos más hacinados, en particular los centros de detención preventiva, hacia los que lo están algo menos saturados, como os centros de detención en otras partes de Francia.

Esta política de optimización del parque penitenciario se ha aplicado durante varios años, de modo que las cárceles están actualmente ocupadas al 98% en promedio. Los traslados provocan la ruptura de los lazos familiares y de los proyectos de inserción, y causan problemas de convivencia entre los presos. Las personas con condenas muy cortas se encuentran en establecimientos organizados en torno a condenas largas. El funcionamiento «justo a tiempo» de las prisiones preventivas se importa a los centros de detención: el personal tiene entonces que gestionar entradas y salidas extremadamente rápidas y ya no tiene tiempo para construir itinerarios de preparación para la puesta en libertad.

Aparte de sus notables efectos perversos, esta política convierte a los presos en puras variables de ajuste y parece producir resultados muy limitados. Al 1 de junio, el hacinamiento en las cárceles de la región de Île-de-France seguía siendo más severo que nunca.

JB. Queremos reintegrar las Olimpiadas en un contexto continuo, con un antes y un después. El sistema de seguridad penal cristaliza todos los excesos de los últimos años: criminalización e invisibilización de grupos desfavorecidos, aumento en el uso de comparecencias inmediatas y de medidas administrativas de privación de libertad, etc. Lo que existía antes de los JJ.OO. ha quedado ahora sumamente claro. ¿Cuál será el legado de este evento en materia de seguridad? La experiencia de los Juegos Olímpicos en otros países demuestra que las medidas excepcionales implementadas suelen permanecer en vigor. Durante sus Juegos Olímpicos, Vancouver aprobó una ley que permitía el alojamiento forzoso de personas sin hogar. Esa ley, nunca fue derogada y sigue vigente en el resto de la provincia.

La ONG francesa La Quadrature du Net describe los Juegos como un acelerador de la vigilancia en todo el mundo. En Japón, algunas leyes de vigilancia sólo se adoptaron al momento de la organización de las olimpiadas. Tememos que este, aunque sea excepcional, se perpetué, ya que está basado en las medidas de la Ley de Seguridad Interior y Lucha Contra el Terrorismo (Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, SILT) introducida tras el estado de emergencia. Es esta ley la que permite reforzar los perímetros de protección y el arresto domiciliario.

Preocupa que estas medidas se utilicen durante otros eventos, ya sea el filtrado más allá de los recintos deportivos o de la videovigilancia algorítmica.

Esta última se implementó bajo el pretexto de los Juegos Olímpicos, pero su prueba se extenderá hasta marzo de 2025, mucho después de los Juegos. Es difícil imaginar cómo las cámaras desaparecerían milagrosamente en abril de 2025.

Este número de Dedans Dehors busca explorar el papel de los grandes eventos de este tipo en el avance a nuevos niveles de vigilancia y represión. Esta dinámica ya ha estado presente en la gestión de las manifestaciones en los últimos años. Se está desarrollando con fuerza en los Juegos Olímpicos, y es poco probable que veamos un retroceso.