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España: falta de personal en las cárceles españolas pese a su masificación

La falta de efectivos, el aumento de las agresiones, la privatización de los servicios y el empeoramiento de las condiciones laborales… Los funcionarios de prisiones, que vigilan y custodian a más de 51.000 presos en España, aseguran vivir un calvario. Así lo denuncia en La Gaceta el presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), Francisco López Llamazares.

¿Y qué hacen el secretario general de Instituciones Penitenciarias y el ministro del Interior para remediarlo? La APFO afirma que al primero, Ángel Yuste, “le falta liderazgo” y “lleva años sin hacer nada de nada”. Respecto a Juan Ignacio Zoido asegura que “no se preocupa en solventarlos”.

Este sindicato, junto a CC OO, UGT, y CSIF, lleva tiempo convocando movilizaciones en distintas prisiones para denunciar semejante situación y reclamar al ministro que se siente a escuchar la problemática que padeden, pero el popular “todavía no se ha dignado a escuchar a sus funcionarios”. Considera que “el ministro se dedica más a cultivar su imagen que a trabajar en su despacho y ver los verdaderos problemas que tiene el Ministerio e Instituciones Penitenciarias”.

Falta de personal

Según informa Francisco López, el mayor problema que tienen es el déficit de funcionarios. Explica que los centros penitenciarios han perdido cerca de 3.000 trabajadores, “más de 2.800 ha reconocido el Gobierno”.

Cuenta que las ofertas de empleo grandes se generaron en 2008 y 2009 y que desde entonces ni se han cubierto ni las jubilaciones de los funcionarios ni se dotan a los nuevos centros con el personal suficiente. Estas son las cifras de las plazas ofertadas en los últimos 10 años:

  • 950 plazas en 2007
  • 1.010 en 2008
  • 1.123 en 2009
  • 230 en 2010
  • 60 en 2011
  • Ninguna en 2012 y 2013
  • 90 plazas en 2014
  • 75 en 2015
  • 538 en 2016

En 2017 se han ofertado 701 plazas para el cuerpo de ayudantes y 112 entre enfermeros, médicos y técnicos. El presidente de la APFP manifiesta que esta oferta es insuficiente y hay que sumarle las jubilaciones, que superan los 340 efectivos al año. También, que el Gobierno ha abierto dos prisiones nuevas que estaban construidas, pero cerradas por falta de personal. Son la de Archidona en (Málaga) -cuya vigilancia costaba 3,27 millones- y la nueva de Ceuta. Para la apertura de la de Soria todavía no hay fecha.

Cuenta que una prisión nueva requiere más de 450 funcionarios, por lo que estas no abrirán la totalidad de sus módulos hasta que transcurran varios años. Según informa, hay varias cárceles con sólo el 50% de sus módulos abiertos. Ocurre en la de Araba, Murcia 2 y Las Palmas 2.

Este sindicato alerta al ministro de que como no ponga remedio a la falta de funcionarios, tanta carga de trabajo va a suponer un mayor número de bajas y depresiones entre los trabajadores. Destaca que siendo grave la situación actual, les preocupa mucho más que se pueden encontrar en los próximos 5 y 10 años ya que más de 6.000 funcionarios se van a jubilar en esta década. “En cinco ya se perderán más de 1.000 puestos por cumplir la edad reglamentaria de jubilación, sin que haya previsión de esta situación por parte de la secretaría general y del ministerio del Interior”, explica enfadado y preocupado.

Y respalda sus denuncias con datos. Indica las edades de los funcionarios a finales de 2016, según las cifras facilitadas por el registro central de personal: De los 21.279 que hay 100 tenían más de 30; 3.240 estaban entre los 30 y los 39; 3.471 entre 40 y 44; 4.849 entre 50 y 54; 4-096 entre 50 y 59; y 1.196 más de 60.

Se distribuyen de la siguiente forma:

  • Personal Facultativo: 379 funcionarios
  • Personal funcionario Cuerpo Técnico: 807 funcionarios
  • Enfermeros de IIPP: 561 funcionarios
  • Personal funcionario del Cuerpo Especial: 1.204 funcionarios
  • Personal funcionario del Cuerpo de Ayudantes: 18.328 funcionarios
  • En la actualidad hay más de 700 plazas en comisión de servicios

Aumentan las agresiones

Otro gran problema que padecen en el colectivo son las agresiones y, según la APFP van en aumento. Critica que “en la secretaría general de instituciones penitenciarias las minimizan o las consideran en muchos casos lesiones leves, pese a que en la mayoría de los casos se dan con una virulencia inusual y terminan con varios funcionarios contusionados”.

Así ocurrió, por ejemplo, en el Centro Penitenciario de Soto del Real, donde un preso agredió a varios funcionarios con un bolígrafo tras negarse a someterse a un cacheo de seguridad. El fiscal solicita seis años y dos meses de prisión para este recluso, Hassan Z. Se le imputa un delito de atentado con la circunstancia agravante de multirreincidencia y otros cuatro delitos de lesiones leves. Iba a ser juzgado el pasado 2 de julio, pero el juicio fue suspendido debido a que el procesado cumple prisión en una cárcel gallega y no fue trasladado para la vista oral en la Audiencia Provincial de Madrid.

Cabe destacar que el Gobierno, a propuesta de los sindicatos, accedió el pasado mayo a incluir a estos funcionarios en el protocolo para la Administración General del Estado en vigor desde noviembre de 2015, por lo que las agresiones contra los trabajadores públicos de Instituciones Penitenciarias serán castigadas con hasta cuatro años de cárcel.

Fue Ciudadanos quien llevó al Congreso esta demanda ante la “preocupante ola de agresiones”. Ángel Yuste defendió en la Cámara Baja que la intención de Interior es “homologar un material de alta calidad que permita la adecuada intervención de los funcionarios en situaciones críticas”.

El director de Prisiones sostuvo que el ratio interno-funcionario se sitúa en el 2,19%, con 23.649 trabajadores y una población reclusa de 51.793″, y apuntó que en la actualidad hay casi 14.000 internos menos que los que había en 2008-2009.

Esta firma del protocolo reconocerá a los funcionarios de prisiones la condición de autoridad pública, tal y como sucedió en la reforma del Código Penal de 2015 con las agresiones a sanitarios o docentes. El documento incluye un endurecimiento de algunas sanciones como consecuencia de actos violentos ejercidos contra funcionarios que sufran un quebranto significativo en su salud o en su integridad.

Asimismo, se contempla la creación de un registro específico de agresiones, la elaboración de un plan de formación para la prevención y respuesta ante situaciones de riesgo, así como medidas de apoyo jurídico y psicológico a los empleados públicos penitenciarios que sufran agresión. No obstante, todo esto sigue en el aire, según la APFP.

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