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España: la cárcel como salida

La falta de oportunidades laborales se ha convertido en una condena. Una cárcel silenciosa cuya única salida, en muchas ocasiones, es opositar. El granadino Basilio González, de 41 años, lo entendió así hace cinco, cuando lo despidieron de su trabajo como arquitecto técnico. En lugar de asumir la precariedad, con contratos temporales y un sueldo bajo, decidió volver a estudiar. El objetivo: conseguir ser funcionario. Entre todas las opciones que existían apostó por las oposiciones al cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Este domingo 12.880 aspirantes de toda España, la mayoría mujeres, se han enfrentado a la primera de las tres pruebas que deben superar para obtener la plaza.

El ejercicio se ha celebrado simultáneamente desde las 10.00 en ocho facultades de la Universidad Complutense de Madrid. Una marabunta se agolpaba desde primera hora, desafiando las bajas temperaturas, a las puertas de la facultad de Ciencias de la Información. Una leyenda urbana recorre sus largos y fríos pasillos desde que fue inaugurada a finales de los setenta. Hoy muchos de los opositores la recordaban como una premonición. Cuentan que el edificio, un enorme bloque de hormigón, fue construido según los planos de una cárcel, pero lo cierto es que solo refleja la corriente arquitectónica de la época: el brutalismo.

Basilio no valora su estilo porque hace tiempo que desertó de su antiguo oficio. Ahora solo le preocupa encontrar el aula donde le corresponde hacer el examen por su apellido. “El trabajo no es complicado: hay que vigilar a los presos en el patio, abrir cancelas y controlar las cámaras de seguridad. Lo mejor es que comienzas cobrando 1.600 euros al mes”, explica, confiado en superar las 150 preguntas tipo test de las que consta la prueba. De las cuatro opciones para cada una de ellas, solo una es válida. Las cuestiones giran en torno a la Constitución, el derecho penal y el penitenciario. El año pasado ya aprobó, pero no logró superar el segundo ejercicio, de supuestos prácticos. El último obstáculo son las pruebas médicas. Se espera que los 831 nuevos funcionarios se incorporen antes de que termine el primer semestre del año.

Demandas sindicales

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La mayoría de los aspirantes se presentan motivados por las condiciones laborales. Ana, de 32 años, quiere mejorar su vida. Ahora trabaja en un gimnasio de Huelva en duras y largas jornadas. Reconoce que está “muy nerviosa”. Rubén González, de 24, llega a la prueba con su hermano Enrique desde Pontevedra. Es la tercera vez que se presenta. Hizo un módulo superior de Administración y Finanzas pero, como no hay trabajo, apostó por esta opción por su salario. También están quienes sueñan con trabajar en una prisión. Es la vocación de Rocío López, una sevillana de 32 años. Ahora sobrevive gracias a un empleo como camarera. “Estudié Trabajo Social y Criminología. Estuve de prácticas en la cárcel de Morón y parecía una interna más en el patio. Me encanta el trabajo. Es muy gratificante”, insiste la mujer, consciente de que, en caso de aprobar, podría ser destinada a una cárcel de varones en virtud a la Ley de Igualdad de 2007.

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