Análisis

En Chile, el primer caso confirmado de COVID-19 en una cárcel fue un funcionario el 23 de marzo, 2020. Fue seguido por un brote de COVID-19 es cárceles específicas de la capital y otras regiones del país. En respuesta a esto, Gendarmería de Chile–en coordinación con el Ministerio de Justicia y de Salud– implementaron varias estrategias, entre ellas el desarrollo de un Plan Coronavirus, un Protocolo de Salud, una campaña masiva de vacunación en contra de la influenza, la suspensión de visitas presenciales, e indultos conmutativos. Las organizaciones sociales, incluidas las de derechos humanos y justicia, han convenido reiteradamente que las condiciones actuales de las cárceles no han permitido el manejo adecuado de la pandemia, debido al hacinamiento en algunos centros penitenciarios, la falta de acceso a agua y las condiciones sanitarias, entre otros.
Los traslados de personas privadas de libertad por parte de Gendarmería transfer a otras cárceles y regiones sin antes haber hecho exámenes de COVID-19 fue duramente criticada. El resultado fue la infección de otras personas privadas de libertad. Poco tiempo después, las autoridades penales mejoraron los protocolos, e hicieron obligatorio el examen PCR antes y después de cualquier traslado.
Las personas privadas de libertad durante la pandemia experimentaron altos niveles de tensión y miedo. El acceso a la información fue insuficiente tanto para ellos como para los trabajadores, lo cual llevó a varios motines y huelgas. Varias organizaciones que reclaman por mejores condiciones penitenciarias obtuvieron mayor visibilidad durante este tiempo. Ellos argumentan que la vida y los derechos humanos de las personas privadas de libertad son tan importantes como los de cualquier otro ciudadano, y recomiendan medidas tales como reducción de sentencias, liberación anticipada y protocolos de salud.

Prison Insider y el Centro de Estudios Justicia y Sociedad de Chile han planteado un análisis sobre el primer año de la pandemia en las prisiones de once países: Chile es uno de ellos.

Casi un tercio de la población son detenidos que aún no han enfrentado sus juicios e imputados.

El 25 de marzo, 2020, el Ministerio de Justicia presentó un proyecto de ley en el Congreso Nacional que apuntaba al indulto de personas identificadas de alto riesgo de salud en cárceles.

Los manifestantes incendiaron colchones y denunciaron que el manejo de la pandemia por parte de las autoridades, la falta de testeos, y el acceso limitado a medidas de libertad anticipada.

Apóyenos

Donación mensual

Actuar
Difundir
Desarrollar
Contribuir
mockups_devices_es.png