Análisis

En Brasil, la política del Gobierno federal, que minimizó las consecuencias de la pandemia, dificultó la implementación de medidas sanitarias. Las prisiones brasileñas ya eran, con anterioridad, el centro de fuertes críticas con respeto a los derechos fundamentales, el acceso a la asistencia sanitaria y el hacinamiento.
Si bien el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) recomendó rápidamente la puesta en libertad de reclusos, el contexto previo y el escenario político actual obstaculizaron la prevención de la pandemia, por lo que el sistema penitenciario brasileño se ha visto particularmente afectado por el virus. Organizaciones de la sociedad civil e investigadores consideran incoherente el seguimiento e informe que la administración penitencia hace sobre los contagios y muertes en prisión. En junio de 2020, el CNJ inició su propio informe semanal sobre los datos de contagio en prisión. Organizaciones de la sociedad civil y expertos han denunciado, de manera generalizada, una política de “déficit de notificaciones”, y han criticado también la falta de cribaje masivo en las prisiones. Para el mes de agosto, se había realizado la prueba al 3.5% de la población carcelaria.
Las medidas se tomaron a nivel de estados y variaron de forma significativa de uno a otro. Tras la suspensión de las visitas en muchos estados, se observaron más tensiones y conflictos entre las prisiones y las autoridades penitenciarias. Organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de familiares manifestaron su preocupación por la creciente incidencia de malos tratos y torturas, debido al cierre de las prisiones y la falta de transparencia de la administración.
En muchos estados, se introdujeron medidas compensatorias como las videollamadas. Sin embargo, estas no se adoptaron en todos los centros penitenciarios.

Prison Insider y el Centro de Estudios Justicia y Sociedad de Chile han planteado un análisis sobre el primer año de la pandemia en las prisiones de once países: Brasil es uno de ellos.

La mayoría de liberaciones anticipadas se otorgaron por iniciativa de las autoridades de cada estado, tras estudiar las peticiones caso por caso.

Movimientos de protesta en las prisiones del país, en las que se denunció, sobre todo, la falta de medidas sanitarias, el aumento de los malos tratos y la tortura y la suspensión de las visitas.