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13 de enero. El Gobierno anunció que se construyeron doce centros de aislamiento sanitarios: diez de ellos en la provincia de Buenos Aires, uno en la provincia de Santa Fe y uno en Córdoba. Se prevé la construcción de un total de 31 centros con 786 camas en diversos establecimientos del país para mejorar la infraestructura sanitaria y el acceso a la atención médica.
17 de enero. Las visitas por videollamada continúan suspendidas en la prisión de Dodds. El ministro del Interior afirmó que “se han suspendido todos los servicios penitenciarios no esenciales” debido a la falta de personal, y que él “no estaba dispuesto a sacrificar la seguridad de la prisión para satisfacer un servicio no esencial”. Sin embargo, los reclusos cuentan con autorización para llamar a sus allegados.
5 de enero. La prisión de Island’s Dodds ha suspendido las visitas por video conferencia, ya que, debido al contagio y aislamiento de varios guardias, no cuenta con suficiente personal para supervisarlas.
21 de enero. En la prisión de Dodds, el virus continuó propagándose: 258 reclusos y 99 miembros del personal dieron positivo.
5 de enero. Las autoridades anunciaron que 49 miembros del personal y 121 reclusos dieron positivo por COVID-19 en la prisión de Island’s Dodds. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) intenta determinar si la nueva variante del virus se encuentra presente entre los nuevos casos identificados.
25 de enero. La ONG Pastoral Carcerária publicó un informe sobre las violaciones de derechos humanos en reclusión ocurridas entre marzo y octubre de 2020. La organización aseguró haber recibido 90 denuncias relacionadas con violaciones de derechos y torturas. Esto representa un aumento del 63 % en el número de denuncias recibidas en comparación con el mismo período de 2019, pese a la difícil comunicación entre las organizaciones externas y los reclusos. Los internos denuncian en particular la falta de alimentos, productos de higiene y el acceso insuficiente a la atención médica, así como condiciones humillantes y degradantes. Varios testimonios reportan la falta de medidas de aislamiento adecuadas: los reclusos que presentan síntomas de COVID-19 o de tuberculosis no se separan de los demás internos.
20 de enero. El número de personas que ha dado positivo en las prisiones aumentó a 57 454 (43 799 reclusos y 13 655 miembros del personal penitenciario). El número de muertes aumentó en un 4.5 % en comparación con el mes de diciembre. En total, 229 personas murieron como consecuencia de la COVID-19 (130 reclusos y 99 trabajadores).
3 de febrero. Un estudio analizó la relación entre las tasas de contagio y el tipo de centro penitenciario. Se concluyó que las prisiones de mediana seguridad (el 98% de contagios) y las prisiones para mujeres, en las que existen varios regímenes de reclusión, son las más expuestas.
6 de enero. La vacunación de 600 reclusos mayores o vulnerables, recluidos en el sistema federal, está punto de comenzar. Esta política ha sido criticada por la facción conservadora. El ministro de Salud Pública Bill Blair consideró que algunos “individuos dentro en los centros federales sufren de condiciones preexistentes y tienen un mayor riesgo de contraer la COVID-19, una situación similar a la de los adultos mayores en las residencias geriátricas”. Con ello, Blair apeló a la responsabilidad de todos.
3 de enero. En Saskatchewan, la falta de caminatas y de actividades pesa sobre el ánimo de los reclusos. Una persona allegada a uno de ellos indicó que la única medida implementada para contener la epidemia es la restricción de movimiento.
3 de febrero. La Royal Society emitió un documento de orientación política, en el que recomendó a la administración penitenciaria fomentar las medidas de liberación, favorecer las pruebas de detección en los centros penitenciarios, recurrir menos a la prisión preventiva, entre otros. Estas recomendaciones se hicieron en función de los tipos de establecimiento y de población.
11 de enero. Investigadores y activistas de derechos humanos han exigido que se tomen medidas más estrictas para proteger a los reclusos, ya que algunos no disponen de mascarillas ni de productos de higiene suficientes.
6 de enero. Los agentes penitenciarios exigieron un acceso prioritario a la vacunación.
3 de febrero. Las prisiones estatales y federales registraron 5000 casos a finales de enero. Entre ellos se encuentran más de mil guardias.
28 de enero. En Quebec, catorce guardias y cuatro reclusos dieron positivo en la prisión de Bordeaux, por lo que se realizó una prueba de detección a cerca de 150 reclusos . Una de las alas de la prisión tuvo que guardar cuarentena por catorce días.
11 de enero. Algunos investigadores se alarmaron por el número de casos positivos detectados en las últimas semanas. Se han identificado más de 1962 casos positivos desde principios de diciembre de 2020. Estas cifras superarían las registradas durante los primeros nueve meses de la pandemia.
3 de enero. En Saskatchewan, la prisión Prince Albert ha registrado 109 casos. Se trata del centro que ha presentado el mayor número de casos a nivel nacional.
28 de enero. Las autoridades penitenciarias (Gendarmería de Chile) publican frecuentemente información relativa a los casos de COVID-19 en las prisiones del país. Un total de 2611 reclusos y 1971 miembros del personal dieron positivo. Se reportaron 21 muertes (18 reclusos y 3 funcionarios)
24 de enero. Las autoridades penitenciarias reportaron que la tasa de ocupación bajó del 154.9 % al 120.2 % en los últimos meses.
12 de enero. El Ministro de Justicia anunció que 576 personas privadas de libertad detenidas en las estaciones de Policía de Bogotá se trasladarían a establecimientos de reclusión. El objetivo del ministerio es reducir el hacinamiento en las comisarías de la capital en un 21% aproximadamente. Las autoridades afirmaron que los traslados se realizarían “con el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad y una vez lleguen a los nuevos sitios de reclusión, los privados de la libertad deberán cumplir con 14 días de aislamiento en las zonas destinadas para ese efecto”.
9 de enero. Debido a un aumento de los casos positivos en las prisiones de todo el país, la administración penitenciaria (INPEC) suspendió, hasta el 21 de enero, las visitas y los permisos de salida temporales de 72 horas.
26 de enero. La administración penitenciaria reportó que un total de 21 448 reclusos ha dado positivo por COVID-19desde el inicio de la pandemia.
Aproximadamente el 74 % de los internos de la prisión de Pácora ha dado positivo por COVID-19. Las autoridades aseguran que los infectados han sido aislados y la mayoría no presenta síntomas. El director del establecimiento afirmó que se incentiva el uso de mascarilla y el lavado de manos frecuente entre los reclusos.
2 de enero. Los casos de contagio han aumentado en la cárcel Modelo en Cúcuta. La administración penitenciaria (INPEC) informó que unos 50 reclusos dieron positivo, seis miembros del personal estaban infectados y uno falleció. Los familiares de los reclusos declararon no tener noticias sobre el estado de salud de sus parientes.
21 de enero. La prisión de mujeres más grande del país, Guatao, entró en confinamiento debido al aumento de casos de COVID-19 en el sistema penitenciario. Es la segunda prisión del país en implementar una medida de este tipo desde el inicio de la pandemia.
14 de enero. En California, se inició la vacunación en centros de salud que atienden reclusos (Chowchilla, Health Care Facility en Stockton y Medical Facility en Vacaville). Los establecimientos penitenciarios más afectados aún no participan de la vacunación: San Quentin (2600 casos, 28 muertes), Avenal State Prison (3500 casos) y California Institution for Men. Esta decisión ha recibido muchas críticas.
2 de enero. En Colorado, la vacunación de reclusos generó polémica. Los responsables políticos aprovechan la oportunidad de priorizarlos durante las campañas de vacunación. Para el Washington Post, este episodio ejemplifica cómo una gestión eficaz de la epidemia se enfrenta a otros valores en una *“nación que encarcela más que todas las demás”. Según la organización Prison Policy Initiative, una docena de estados considera que la condición penal de una persona no le da prioridad de facto y condicionará la vacunación al estado de salud. Los estados de Nueva Jersey y Washington iniciaron la vacunación de reclusos. Otros estados como **Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, Nebraska, Nuevo México ** y Pensilvania planifican las campañas de vacunación y dan la misma prioridad a los reclusos que al personal de salud y a los residentes de casas de retiro.
1 de enero. Los establecimientos penitenciarios que se enfrentaron a niveles epidémicos “incontrolables” se cerraron de un día al otro y los reclusos fueron trasladados a otros centros. Este movimiento se pudo observar en las prisiones locales (local jails) y las prisiones estatales de Missouri, Pensilvania y California. Las autoridades consideraron que, debido a la ausencia por enfermedad de muchos miembros del personal, estos cierres de emergencia son la única forma de garantizar la seguridad pública. La concentración de reclusos en otros centros penitenciarios luego de los traslados es motivo de preocupación para los observadores.
14 de enero. Un militante a favor de una reforma penal en Estados Unidos y en Gran Bretaña opinó que “sea cual sea la orientación política, se trata de ciencia. Si no se vacuna dentro de prisión, jamás se detendrán los brotes epidémicos en el exterior”.
6 de enero. La asociación ACLU (American Civil Liberties Union) criticó a la administración penitenciaria por su pasividad respecto a la epidemia de coronavirus observada en la prisión de Waseca (Minnesota). La abogada de la ACLU acusó a la administración penitenciaria de ignorar las alertas y continuar enviando personas a prisión. Además, afirmó que se hizo un traslado de reclusos desde un establecimiento penitenciario especialmente afectado en Oklahoma. La administración desmintió dichas acusaciones y señaló que se han tomado todas las medidas “adecuadas y responsables”. Por su parte, la ACLU mencionó ejemplos que prueban lo contrario, sobre todo en cuanto al incumplimiento de los protocolos.
16 de enero. En Oregon, un recluso de 32 años falleció como consecuencia de la COVID-19 en la prisión de Marion. Al menos cinco internos han fallecido en ese estado desde el inicio del año.
6 de enero. En el estado de Nueva York, un recluso falleció como consecuencia de la COVID-19. Se encontraba en una prisión estatal en el condado de Oneida, en la que se han reportado 35 casos más. Otros casos se han registrado en 43 de los 52 establecimientos penitenciarios del estado, entre ellos destacan Woodbourne (69), Gouvernour (61), Mohawk/Walsh RMU (59) y Coxsackie (59).
En el estado de Washington, 218 reclusos de la prisión de Larch dieron positivo.
27 de enero. Se reportaron tres casos nuevos en las prisiones de Tlaxcala, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
12 de enero. El Ministerio de Justicia anunció el cierre epidemiológico de tres establecimientos penitenciarios (Villatica, Serafina Dávalos y Casa del Buen Pastor) tras identificar varios brotes activos.
11 de enero. Las autoridades han registrado un total de 841 contagios entre los reclusos desde el comienzo de la pandemia.